La Unicameral aprobó la adhesión provincial a la Ley Nacional de Violencia de Género
La decisión determina la incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) de coberturas preventivas y terapéuticas aplicadas a casos de violencia de género.
Con la aprobación de la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 27696, de Abordaje Integral de Personas Víctimas de Violencia de Género, en la 37° sesión ordinaria de la Legislatura, esta semana se incorporó al Programa Médico Obligatorio (PMO) de coberturas preventivas y terapéuticas aplicadas a casos de violencia de género.
La iniciativa surgió de la compatibilización de dos proyectos de similar tenor, estableciendo la incorporación de un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, el cual debe ser incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales nacionales, a través de la cobertura total e integral de las respectivas prácticas preventivas y terapéuticas aplicadas a esta problemática.
Según los argumentos de uno de las iniciativas, “dicha Ley Nacional se erige como una estrategia necesaria y novedosa, que recoge el debate y los consensos para dar respuesta a un viejo problema que afecta a vastos sectores de la población”.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Equidad y Lucha contra la violencia de Género de la Unicameral, Alejandra Piasco (Hacemos por Córdoba), destacó que “con la adhesión de esta ley nos estamos ubicando a la altura de los nuevos paradigmas que nos exigen una atención de la salud para las víctimas de violencia con perspectiva de género”.
Por su parte, la legisladora Sara García (Hacemos por Córdoba), una de las autoras de los proyectos en tratamiento, aseguró que la adherencia de Córdoba “viene a complementar el acceso integral de protección desarrollado a partir de esta normativa nacional. Tratamos de elevar el piso de protección establecido a nivel nacional y extenderlo al ámbito de los efectores de salud local”.
“Estamos convencidos de que este proyecto implica la adopción de una política concreta en materia de protección de los derechos de las víctimas de violencia. Seguramente es un paso más y hay mucho por hacer, pero entendemos que vamos por el camino correcto”, expresó al cierre de su intervención la legisladora García.
Por cuarenta y dos votos afirmativos, el proyecto se aprobó por unanimidad en general y particular.
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