Cinco referentes de organizaciones sociales van a juicio por protestar

Lo definió la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV y los acusó de “desobediencia a la Autoridad e Impedimento u obstrucción de Transporte o Servicios Públicos”.
Las acusaciones son en el marco de una serie de protestas ocurridas en abril. Foto: archivo

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 1°, acusó a cinco referentes locales del Polo Obrero, MTR, MST y Libres del Sur, y al secretario general del gremio ATE Córdoba, Federico Giuliani, de los delitos de “desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios Públicos”.

Las acusaciones son en el marco de una serie de protestas llevadas a cabo en la ciudad de Córdoba en el mes de abril. Según la Fiscalía “existió un plan, ejecutado por estos referentes para producir cortes de manera deliberada e ilegal en diversas calles y rutas de acceso”.

Los argumentos de la Fiscalía para la acusación son que “se desoyeron y desobedecieron las directivas policiales que procuraban mantener la libre circulación y se obstaculizó e interrumpió el tráfico vehicular en un punto neurálgico de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Esto afectó a los medios de transporte público y privado”.

“El argumento de llevar a cabo una protesta, representando intereses de grupos cuyos derechos se entienden vulnerados, no brinda una coraza o salvoconducto para valerse impunemente de medios delictivos como instrumento para visibilizar el reclamo”, dijeron.

Comunicado de la CTA Autónoma

La CTA-A Córdoba repudió en un comunicado de prensa "la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares", y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad, el Gobierno -a través de la Justicia adicta- persigue y procesa a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los derechos básicos a una vida digna que padece la inmensa mayoría de la población”.

El documento dado a conocer por la central concluye: “El Gobierno y la Justicia de Córdoba tienen que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la inseguridad que golpea a los que menos tienen, la violencia institucional de la Policía, el hambre y la marginalidad crecientes, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la Justicia Social", 

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