Solicitan el procesamiento de dos personas por trata en explotación forestal

La fiscal federal subrogante de San Francisco, María Schianni, le solicitó al juez federal Pablo Montesi el procesamiento de dos hombres por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, a quienes les imputó haber captado al menos a ocho víctimas, entre ellas un menor de edad, en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente en un campo dedicado a la tala de árboles -eucaliptus para leña- ubicado en las cercanías de Miramar.

Según la investigación, las víctimas habrían sido contactadas por uno de los acusados a través de conocidos o de manera directa, con el ofrecimiento de trabajar en un establecimiento propiedad del otro imputado. Los hechos habrían ocurrido al menos desde julio hasta el 10 de agosto de 2022, cuando las personas fueron rescatadas por personal policial a la vera de un camino rural sentido norte–sur de aquel campo.

Según el dictamen de la fiscalía, “la explotación sufrida por las víctimas fue de tal gravedad que el personal policial, al hallarlos, describió que su impresión había sido como de personas en 'estado de abandono' -sucios, ropa precaria, decaídos y solicitando comida y agua-".

Para la fiscal, las conductas de los imputados deben quedar subsumidas por la figura legal de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de víctimas -entre ellas una menor de edad-, y por haber sido consumada la explotación.

Según precisa el Ministerio Público Fiscal, la falsa promesa laboral habría consistido en una jornada de ocho horas diarias, con un salario de 30 mil pesos semanales, una casilla con baño, agua caliente y lugar para comer. Sin embargo, una vez que los trabajadores llegaron al lugar, se encontraron con que las jornadas se extendieron de lunes a lunes, desde la primera salida del sol hasta su ocultación, con un pago de mil pesos cada uno por semana.

Cuatro de ellos debieron además pernoctar en una casilla en precarias condiciones habitacionales -con colchones y frazadas en muy mal estado de conservación- y los restantes, a la intemperie. De acuerdo con lo reconstruido en la pesquisa, los trabajadores no tenían baño, cocina, agua potable, ni comida de manera regular y no pudieron asearse el tiempo que permanecieron allí. Al no poseer medios de locomoción tuvieron que caminar aproximadamente 12 kilómetros para llegar a algún almacén que les “fiara” alimentos, pero hubo días en los que no tuvieron comida. Al carecer de luz eléctrica, los trabajadores que tenían celular se vieron imposibilitados de comunicarse con sus familiares o amigos para solicitar ayuda, debido a que no pudieron recargar sus dispositivos. Tampoco estuvieron registrados laboralmente, ni contaron con un seguro para riesgos del trabajo.

“La explotación sufrida por las víctimas fue de tal gravedad que el personal policial, al hallarlos, describió que su impresión había sido como de personas en ‘estado de abandono’ -sucios, ropa precaria, decaídos y solicitando comida y agua-", refirió la Fiscalía.

La investigación se inició el 11 de agosto de 2022, luego de que el policía a cargo de la Subcomisaría de Miramar se presentara en la fiscalía para denunciar que la noche anterior habían hallado a dos presuntas víctimas de explotación laboral en una zona rural de aquella localidad. En esa ocasión, el funcionario hizo saber que, a través de un llamado telefónico, una persona pidió desesperadamente que los fueran a buscar, ya que hacía varios días que no recibían alimentos y pasaban las noches a la intemperie. Como consecuencia de eso, se había iniciado un sumario en cuyo marco les habían recibido declaración a algunas de las víctimas. Además, aclaró que durante la noche se les había brindado contención y alimentos.

En función de todo esto, la fiscalía puso en conocimiento a la Dirección de Jurisdicción de la Asistencia y Prevención de Trata de Personas del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba. Como las víctimas querían regresar a sus hogares en la ciudad de Morteros, se coordinó su traslado hacia esa localidad, donde luego fueron abordados por personal técnico del organismo. Por otro lado, se convocó a personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” de la Gendarmería Nacional Argentina, para coordinar y practicar tareas de investigación.

Las entrevistas preliminares practicadas por el equipo técnico del Polo Integral de la Mujer San Francisco evidenciaron indicadores claros de trata de personas con fines de explotación laboral. Al respecto, los profesionales precisaron la existencia de diversos elementos, como las malas condiciones de trabajo y habitacionales, y resaltaron la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, sumada, además, al aislamiento social.

Como consecuencia, la fiscalía solicitó al Juzgado Federal que les reciba declaración a las víctimas y al personal de la policía que los halló, quienes confirmaron lo relevado originariamente e indicaron haber encontrado a las víctimas, a pesar de las bajas temperaturas, “desabrigadas, en remeras mangas cortas” y que “solo contaban con dos colchas”.

En definitiva, para la fiscalía se constató que los imputados captaron y acogieron con fines de explotación laboral en la localidad de Miramar, provincia de Córdoba, a las ocho víctimas, y efectivamente las explotaron.

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