Militares detenidos en el penal chileno de Punta Peuco, una cárcel especial que alberga a condenados por crímenes de lesa humanidad, confesaron este martes a través de una carta que hubo “violaciones a los derechos humanos” en la dictadura y acusaron de “pávido silencio” a los mandos superiores, a la vez que pidieron “conmiseración” al poder político y judicial para su liberación.

“En el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época (dictadura), muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”, señalaron en la carta, que fue entregada por la abogada Javiera Steger Vidal y leída a la prensa por el diputado pinochetista Gonzalo de la Carrera.

Esta es la primera vez que detenidos en el penal Punta Peuco reconocen violaciones a los derechos humanos.

En 2018, siete condenados por crímenes de lesa humanidad que se encontraban detenidos en el penal fueron indultados y salieron sin reconocer sus actos, además de afirmar que se trató de venganza política, según los medios locales.

El escrito, conocido un día después del 50 aniversario del golpe que instauró la dictadura liderada por Augusto Pinochet (1973-1990), agrega que tales acciones son “reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia” que al respeto “por el que se consideraba adversario”.

“Asumida dicha realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando (…) hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”, dice la carta.

En esa línea, los internos señalan que esperaron 33 años para que “los superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes” como consecuencia del “pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.

Por último, los internos de Punta Peuco solicitaron la “conmiseración del poder político y judicial” para poder estar “junto a sus seres queridos”.

“A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia 'justa' para nuestros subalternos”, afirma la carta.

“Nosotros. que cumplimos las órdenes de nuestros superiores en aquellos aciagos días que vivió nuestro país hace 50 años y durante todo el gobierno militar, renovamos nuestra lealtad a la patria y a nuestras instituciones”, cierra el comunicado de 27 de los 134 presos que se encuentran en el Centro de Detención Preventiva y cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, un complejo para militares y exagentes del Estado chileno condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dijo que al leer el escrito tiene claro que “hay personas que disponen de información”.

“Yo creo que con la misma iniciativa sería muy importante para el país y familiares que nos dijeran donde están (los desaparecidos en dictadura)”, señaló a radio ADN el ministro, que lidera el Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos que lanzó el presidente Gabriel Boric en la previa de los 50 años del golpe.

Por otra parte, el diputado socialista Jaime Naranjo calificó de un “avance” la confesión y afirmó que la derecha chilena “no tiene más argumentos” para decir que en dictadura no se violaron los derechos humanos.

En esa línea, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, señaló que corresponde “investigar y sancionar” y que “no cabrían beneficios para ellos a medida que no cumplan las penas”.

Por el lado de la derecha, el diputado de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma apuntó que “cualquier persona” tiene derecho a pedir beneficios penitenciarios, pero “tienen que ser los tribunales de justicia los que lo resuelvan”.

En tanto, el diputado pinochetista Johaness Kaiser, del Partido Republicano, afirmó que en “un país que ha permitido o ha entregado, ha sido generoso en el indulto a aquellos que estuvieron del lado del violentismo político, del terrorismo, que se haga también un gesto hacia aquellos que no teniendo mando estuvieron involucrados en la represión”.

El mes pasado, la expresidenta Michelle Bachelet, afirmó en una entrevista a CNN Chile que dio la orden de cerrar Punta Peuco, pero que no le hicieron caso, aludiendo a Jaime Campos, que fue ministro de Justicia en su gobierno.

La idea de la expresidenta era trasladar a los reos de Punta Peuco a un anexo de Colina I, en instalaciones comunes con otros presos.

El Penal Punta Peuco fue construido en 1995 en la comuna de Til Til (61 kilómetros al norte de Santiago) por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con el objetivo de que el exjefe de la DINA (policía secreta de la dictadura) Manuel Contreras cumpliera su condena, que acumuló más de 500 años de cárcel por 75 secuestros y 3 homicidios, entre otros crímenes.

El Gobierno de Boric celebró ayer una serie de homenajes y conmemoraciones a la figura del expresidente Salvador Allende, quien falleció tras el ataque de militares al Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

El golpe de Estado derivó en una dictadura que duró 17 años y estuvo caracterizada por el asesinato, secuestro, tortura y censura de miles de chilenos a manos de militares y agentes del Estado.