El presidente Alberto Fernández recibió este lunes en la Casa de Gobierno a Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio Dupuy, el niño de 5 años cuyo asesinato a golpes y maltratos físicos a manos de su madre y su pareja motivó la sanción unánime por parte del Congreso nacional de la Ley 27.709 en abril de este año, destinada a proporcionar a la sociedad herramientas de conocimiento e intervención para proteger los derechos de las infancias y adolescencias.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien participó de la entrevista, destacó "el gesto" de Fernández de reunirse con Ramón Dupuy, porque, dijo, "es un Presidente que puede abrazar y mirar los ojos a un abuelo diciéndole que cuenta con el Estado nacional, que esto no fue en vano, que claramente tenemos que despertar a toda la sociedad" para no permitir y evitar estos hechos de violencia contra los niños y adolescentes.

El encuentro se concretó tras la apertura del primer curso del Plan Federal de Capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes "Crecer con Derechos", que se realizó en el Auditorio del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, en la que participaron Tolosa Paz, el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Gabriel Lerner; la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y la representante de Unicef, Luisa Brumana, entre otros funcionarios.

Tolosa Paz calificó la jornada como "un día muy importante" el comienzo del Plan Federal, creado a partir de la Ley 27.709, denominada la "Ley Lucio", y cuyo objetivo es "generar un espacio formativo, permanente y obligatorio, dirigido a quienes trabajan en los tres poderes del Estado nacional y forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".

Este espacio, dirigido también a todas las jurisdicciones que adhieran a la ley, permitirá que los agentes estatales cuenten con mejores herramientas de conocimiento e intervención en favor de la garantía y protección de los derechos de las infancias y adolescencias.

"Este módulo de capacitación que arranca hoy para 2.407 agentes públicos fue consensuado con la Universidad de Entre Ríos, la Senaf y Unicef, y busca empezar por lo más urgente, que es que las alarmas y las alertas que se encienden en el cuerpo de un niño y una niña puedan ser registradas por toda una sociedad, porque todos podemos hacer algo para evitar lo que le pasó a Lucio Dupuy", explicó la ministra.

Dijo que "no son solamente los docentes, no es la enfermera o la médica de un centro de salud, es una cocinera de un comedor comunitario, es un cura o una monja en una parroquia, obviamente algún familiar que detecta alguna situación, se enciende una alerta y entonces ¿qué hago con eso? No me lo puedo quedar".

"Por eso tenemos que lograr que no haya una persona que no sepa, cómo y adónde recurrir ante lo que está viendo, que es una evidencia de que algo está fallando en ese hogar, en esa familia", sino también "saber cuáles son los caminos a seguir y cómo y de qué manera", añadió.

Señaló que, en ese sentido, "la ley habla de crear mecanismos para promover la denuncia, pero resguardando la integridad física de quienes muchas veces temen la denuncia como vía para empezar justamente a salvar vidas".

Por su parte, Ramón Dupuy, expresó la "satisfacción, después del dolor y del sufrimiento que hemos transcurrido en este año y ocho meses, de poder contar con el apoyo para esta ley" y calificó como "muy importante para nosotros" el inicio de las capacitaciones, porque "hemos trabajado mucho para que se logre lo que se logró hoy, que es una realidad, la ley Lucio".

Manifestó que "realmente el apoyo que tuvimos por parte de la sociedad fue abismal, y no debería existir más ningún caso como el de Lucio si la ley está bien reglamentada, como ya se hizo, y se ejecuta también en cada provincia".

Ramón Dupuy responsabilizó por lo que le pasó a Lucio a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia y del Menor N°1 de la ciudad de General Pico, La Pampa, provincia donde se produjo el hecho, porque la magistrada entregó al menor en guarda a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, sin tomar los recaudos socioambientales correspondientes y porque, dijo, "nunca escuchó nuestros planteos".

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