Este jueves se conocerá la sentencia judicial que resolverá el amparo presentado por sectores antiderechos para obstaculizar la aplicación de la Ley 27.610 en la provincia de Córdoba. Para eso, organizaciones convocan a un pañuelazo este jueves desde las 12 en Tribunales I.

Desde la sanción de la Ley 27.610 en 2020, en Córdoba, grupos antiderechos realizaron diversas acciones para impugnarla. Estas acciones en la provincia fueron en línea con las del resto del país, siendo la mayoría rechazadas. En Córdoba, el Portal de Belén presentó dos acciones de amparo: una en el fuero federal y otra en el fuero provincial.

Rocío García Garro, de Católicas por el Derecho a Decidir, explicó a La Nueva Mañana: “Portal de Belén se presentó en Río Cuarto e inició una acción de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la ley, sosteniendo que la competencia era de Río Cuarto porque es la segunda capital de la provincia”.

Y “por otro lado, en una estrategia bastante compleja propia de los sectores antiderechos en la provincia, en el fuero provincial, lo que hace García Elorrio, ya no como portal de Belén, sino como vecino, es interponer una acción de amparo sosteniendo que el programa provincial que pone en vigencia la ley 27610 en todo el territorio cordobés es contrario a la Constitución de la Provincia. Es un giro así para poder también discutirlo en el fuero provincial y eso es la acción que se va a resolver ahora el jueves 18”. Mientras que organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, CLIP y Fundeps intervinieron en la causa como “terceras interesadas”.

En 2022, los grupos antiderechos cambiaron de estrategia para perseguir a profesionales, usuarios y activistas a nivel nacional. Sobre esto, menciona García Garro: “Esto que lo vemos a lo largo de todo el país también sucedió acá en Córdoba. Vimos cómo se persiguieron y se criminalizó a mujeres que han requerido un aborto y sin dudas el broche de oro de la criminalización en relación a cómo actúa la justicia cordobesa tiene que ver con lo que recordamos para navidad del 2022 que fue la criminalización de compañeros socorristas”.

Respecto a la sentencia judicial de este jueves, mencionó que “las expectativas son buenas” por que el Tribunal Superior de Justicia “siempre ha estado en consonancia con derechos de las mujeres y personas gestantes. El tribunal ha sido claro y tenemos expectativas de que no lo desconozcan. Esta sentencia no va a ser firme y suponemos que, en base a la experiencia, los sectores antiderechos van a recurrir si la decisión no es de su agrado. Por eso la importancia de estar en la calle y reclamar a la Justicia”.