Ratifican que la causa por el viaje a Lago Escondido tramitará en Comodoro Py
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la causa por el viaje de jueces y funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Lago Escondido tramitará ante el juez federal porteño Sebastián Ramos.
El máximo tribunal penal del país asignó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 2 la facultad "para entender en las actuaciones que motivaron el pedido de inhibitoria".
La Casación dirimió así un conflicto de competencia suscitado entre el juez Ramos y su colega subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva, quien la semana pasada había rechazado un planteo de inhibitoria de Comodoro Py 2002.
"Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y déjese constancia de ello en autos", resolvieron los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
En la misma resolución, ambos jueces aceptaron la excusación que había presentado el tercer integrante del tribunal, Carlos Mahiques, uno de los viajeros a Lago Escondido.
El viaje al Lago Escondido fue protagonizado por los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro y dos ex agentes de Inteligencia, presuntamente por invitación de un grupo empresario.
La causa se inició por una denuncia de un abogado de Bariloche ante el juzgado federal de aquella ciudad, pero semanas atrás la Cámara Federal porteña le exigió al juez Ramos que planteara una inhibitoria para que el expediente viniera a la Capital Federal.
Ese planteo había sido formulado por el juez Yadarola, uno de los jueces que viajó a Lago Escondido.
Ante el rechazo del juez Villanueva quedó trabado un conflicto de competencia, que fue resuelto hoy por la Casación, que es el superior jerárquico común a ambos jueces de primera instancia.
"Habiendo sido elevado el presente legajo a esta Cámara como superior común para dirimirla, por razones de economía procesal y buen servicio de administración de justicia, que a nuestro juicio concurren en el presente, para evitar mayores dilaciones, corresponde abordarla", sostuvieron los jueces.
Fuente: NA
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