De acuerdo con un informe estadístico difundido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), durante 2017, 198 personas fueron condenadas y otras 36 resultaron absueltas en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Además, según el sitio Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, actualmente se tramitan un total de 593 causas en las que se investiga, investigó, un total de 2.979 imputados. De ellas, 393 aún no dictaron sentencia y 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario, este último corresponde tramitar por escrito bajo la modalidad del anterior Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, en sólo seis de esos procesos hay una fecha establecida para que se inicie el debate, y 98 causas se encuentran listas para que se inicie el juicio, mientras que 278 investigaciones permanecen en etapa de instrucción.

La PCCH, encabezada por los fiscales Jorge Auat y Carolina Varsky, confeccionó este relevamiento con datos enviados por funcionarios judiciales de todas las provincias, informó Télam.

"A la fecha, los tribunales orales han dictado 200 sentencias en todo el país por crímenes de lesa humanidad, y 135 de ellas (un 67 por ciento) se encuentran aún transitando alguna instancia de revisión. Y su resolución se encuentra pendiente", se indica en el informe publicado por el Ministerio Público.

Respecto de los imputados que no han recibido sentencia, 701 se encuentran procesados, pero sólo 53 se encuentran apartados temporalmente de la investigación, por incapacidad. En tanto que a 164 imputados se les dictó falta de mérito, 62 fueron sobreseídos y, en relación con 550 represores, resta que se resuelva sus situación procesales.

"A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido; 499, antes de ser sentenciadas, y 100, luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas", consigna el documento.

La Procuraduría que elaboró este trabajo detalló que 549 represores detenidos por delitos de lesa humanidad se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial.

A su vez, hay un internado por fuera del SPF y otros 53 represores  se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

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