Impusieron 36 meses de prisión preventiva a Castillo en una causa por corrupción

Castillo está acusado de haber dirigido una red dedicada a conceder contratos de obras públicas de manera irregular y a lavar activos.
Al ex presidente de Perú le imputan los cargos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Foto: Sebastian Castaneda / Reuters / NA

Un tribunal de Perú dispuso este jueves la prisión preventiva por un plazo de 36 meses al ex presidente Pedro Castillo, quien está cumpliendo una medida similar en otro expediente, en el marco de una causa en la que está acusado de haber encabezado una organización criminal, según informó la prensa local.

La medida, que alcanza también a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, fue solicitada el martes por la fiscalía y anunciada por el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, según la agencia de noticias Andina.

La decisión está relacionada con una causa en la que Castillo está acusado de haber dirigido una red, integrada por familiares y colaboradores políticos, dedicada a conceder contratos de obras públicas de manera irregular y a lavar activos.

Por ese motivo, la fiscalía le imputa los cargos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

El martes, en una audiencia televisada en vivo por el canal del Poder Judicial, la fiscal Galinka Meza afirmó que hay “283 graves y fundados elementos de convicción” que incriminan a Castillo y otros acusados por el caso.

Meza estimó entonces que al exmandatario podría corresponderle una pena de prisión de hasta 32 años.

Castillo está preso en un penal en Lima desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso lo destituyó horas después de que anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

Por esa razón está acusado de rebelión y conspiración, y se le impuso prisión preventiva por 18 meses.

Además, el expresidente está acusado en una tercera causa de haber armado un grupo de inteligencia para espiar y desacreditar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a otros funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigaban al entonces mandatario por corrupción.

Fuente: Télam

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