Lima pareció acostumbrarse a marchas de protesta que hasta la semana pasada habían esquivado la capital de Perú pero que ahora se repiten, en una jornada con nuevos choques entre policías y manifestantes y con una curiosa declaración del Gobierno que consideró “espectacular” la respuesta de la Policía Nacional, pese a los cuestionamientos por la represión y el desalojo de una universidad.

Las masivas protestas en el país -que ya dejaron casi 50 muertos- y pretenden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y un nuevo llamado a elecciones tienen ahora formato de paro general con repetidas marchas en Lima, sobre todo de grupos llegados desde el sur.

Aunque las caminatas de este lunes fueron en general pacíficas, dos veces hubo encontronazos con la Policía, que volvió a usar gases lacrimógenos: primero en una esquina céntrica y después en la plaza Bolognesi.

La agencia AFP reportó que, mientras trataban de reagruparse, los grupos cantaban “¡ahora, guerra civil!", en abierto desafío a las fuerzas de seguridad.

"En este momento, estamos viviendo uno de los niveles de violencia más alto de todos los últimos tiempos, después de los años 80; sin embargo, creo que la capacidad que está mostrando nuestra policía ha sido espectacular", señaló el ministro del Interior, Vicente Romero, que dio por hecho que las manifestaciones “van a seguir”.

Romero defendió la represión policial, cuestionada fuertemente por grupos civiles de la sociedad por considerarla brutal y abusiva, y destacó el profesionalismo y el respeto de los derechos humanos de las fuerzas del orden.

Y, al igual que lo hizo varias veces Boluarte, admitió que "hay justos reclamos que el gobierno tiene que atender", pero denunció la presencia de vándalos entre los manifestantes.

Boluarte hablará el miércoles, de modo remoto, ante el Consejo Permanante de la OEA, que la semana pasada analizó la situación en el paísen base a un informe de la CIDH.

El Consejo tendrá "una sesión protocolar" el miércoles a las 14.30 (16.30 en la Argentina) para escuchar a la mandataria. También hará uso de la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Además de las muertes en varias regiones, a la Policía se le achaca ahora el ingreso violento -sin fiscales- el sábado a la sede de la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, que había sido tomada por manifestantes llegados desde regiones andinas y que dormían ahí. De 193 detenidos, 192 fueron liberados anoche.

El sitio del diario La República consignó que docentes, alumnos y profesionales egresados de la Universidad salieron a exigir la vacancia o renuncia de la rectora, Jeri Ramón.

El Acuerdo Institucional Sanmarquino, integrado por catedráticos, indicó que la reacción de la rectora fue buscar la expulsión de la gente que llegó desde distintas regiones del país, denigrándolos. “Ahora es directamente responsable de la brutal agresión contra nuestro campus universitario y contra los compatriotas”, señaló un comunicado.

La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos instó a "asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso" a raíz de esa intervención.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una nueva marcha nacional para este martes bajo la consigna de "cese de la represión criminal".

La principal central sindical del país exige también el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Varios medios limeños señalan que hay nuevos contingentes de ciudadanos saliendo desde Cajamarca, Apurímac, Lambayeque, Puno y Cusco para sumarse a las manifestaciones en la capital.

Además de las marchas callejeras, persisten los cortes de rutas: según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 74 piquetes tenían bloqueado hoy el paso en 10 de las 25 regiones del país.

En Ica, a 350 kilómetros al sur de Lima, un grupo de personas atacó e incendió explotaciones agrícolas de empresas exportadoras, según imágenes de la televisión referidas por la agencia de noticias AFP.

Los aeropuertos de Arequipa y Juliaca (esta última, en la región de Puno), en tanto, seguían cerrados bajo custodia militar para evitar que fueran tomados por asalto.

Y el servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, joya del turismo de Perú, estaba suspendido por el cierre hasta nuevo aviso de la famosa ciudadela debido a motivos de seguridad.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, anunció que enviará un oficio a Boluarte para solicitar que efectivos de las Fuerzas Armadas protejan los locales judiciales para garantizar su funcionamiento.

Las protestas comenzaron el mismo 7 de diciembre, ocurrida la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, pero empezaron también a hacer notorias las diferencias entre Lima y las empobrecidas provincias que apoyaron en las elecciones de 2021 al sindicalista docente.

Fuente: Télam

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