La Conferencia de las Partes (COP27) sobre cambio climático empezó a negociar esta semana su declaración final, que se publicará este viernes y en el que las finanzas para adaptación y mitigación, así como para pérdidas y daños, estarán en el centro de atención.

Los delegados empezaron a discutir desde el martes estos aspectos principales divididos en grupos de trabajo liderados por los ministros, como es habitual en las conferencias, para dar paso a la negociación política. 
Los Estados insulares agrupados en AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares), un grupo pequeño pero que ha tenido fuerte presencia en la conferencia, ya anticiparon que no se irán de la COP27 sin un fondo para paliar las pérdidas y daños sufridos por el cambio climático.

Estados Unidos y la Unión Europea se muestran reacios a la creación de un nuevo mecanismo para pagar los daños y pérdidas a los países en desarrollo por unos daños que sufren sin haber provocado.

En la conferencia del clima de Copenhague, en 2009, los países desarrollados admitieron que deben pagar los costos por el daño provocado y se comprometieron a crear un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2015 para mitigación y adaptación.

Más allá del número, el dinero sigue sin aparecer y los países más vulnerables reclaman un pago por los daños y las pérdidas, en lugar de financiación para la adaptación.

Algunos países como Estados Unidos y Alemania se mostraron a favor de Global Shields, un seguro que se active cuando, por ejemplo, la sequía amenace una cosecha, algo que es visto con recelo por los países afectados, que alertan que lo que se necesita es un mecanismo claro de financiamiento y que un seguro no cubre pérdidas como el aumento del nivel del mar o la desertificación.

Pese a la expectativa, las discusiones sobre este punto podrían extenderse hasta 2024, según el calendario pactado en la COP26 del año pasado en Glasgow, Escocia.

Detener el calentamiento global

El objetivo general que los países buscan alcanzar es el fijado en la COP21 de París (2015) de evitar que el aumento de la temperatura del planeta supere los 2° y hacer esfuerzos por dejarlo en 1,5°, y también debería aparecer en el nuevo texto final, un documento que por ahora apenas menciona los deseos de los negociadores.
Para alcanzar esa meta, hay un grupo de países, entre ellos Colombia y la India, que insisten en el abandono progresivo de los combustibles fósiles, una meta que se ha ido alejando a medida que la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania impulsó a varios países europeos a reactivar sus plantas de carbón para abastecerse de energía.

Eso ha provocado este año una cifra récord de emisiones de dióxido de carbono (CO2), según un informe publicado durante la COP27.

Compromiso para proteger la Amazonia

En este contexto, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el miércoles pasado su compromiso de proteger la Amazonia en un discurso muy esperado por una comunidad internacional ansiosa de ver concretarse un giro medioambiental en el gigante latinoamericano, donde la deforestación avanzó con fuerza bajo el mandato de Jair Bolsonaro.

Durante el mandato del líder derechista, la deforestación anual promedio en la Amazonia brasileña aumentó 75% en comparación con la década anterior, precisaron cifras oficiales.

Ante el desafío de reducirla, el antiguo líder metalúrgico, que iniciará su tercer gobierno el 1º de enero, espera contar con la ayuda internacional.

Sin embargo, Marina Silva, posible futura ministra de Medio Ambiente, ministerio que condujo en el pasado Gobierno de Lula, aseguró en la COP27 que la reanudación de la ayuda internacional no condicionará la lucha de Brasil.

Silva, que se reunió el jueves pasado en el balneario egipcio con Kerry, dijo que “el gobierno estadounidense se mostró dispuesto a profundizar la cooperación” con Brasil, país que alberga 60% de la selva amazónica.

En entrevista con la cadena Globonews, aseguró que invitó a Estados Unidos a contribuir en el Fondo Amazonia, financiado principalmente por Noruega y Alemania.

Los desembolsos se suspendieron en 2019, poco después de la llegada de Bolsonaro al poder, pero el gobierno noruego dijo tras la elección de Lula que serían desbloqueados.

“Las inversiones van a venir”, insistió Silva, quien aseguró que Brasil constituirá un “ejemplo” global con un objetivo de reforestación de 12 millones de hectáreas.

La deforestación era elevada al inicio del primer mandato de Lula, en 2003, pero cayó fuertemente bajo la dirección de Silva, quien renunció en 2008, argumentando que no recibía los recursos suficientes para ir más allá.

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