Este sábado, unas 3500 personas participaron de un acto que se desarrolló desde las 10 en Unión Eléctrica y que bajo la consigna "Todxs con Cristina" reunió a organizaciones y dirigentes del Frente de Todos de Córdoba de toda la provincia.

Sobre el escenario estuvieron la diputada Gabriela Estévez y el diputado Pablo Carro, y el dirigente del Partido Solidario Diego Heredia en representación del diputado Eduardo Fernández, quien horas antes había sufrido el fallecimiento de su madre. Estuvieron también el intendente de Las Acequias, Gastón Tomattis, el intendente de Tuclame, Hugo Osses, y el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros; la concejala de La Falda Maia Martincich; y referentes partidarios como Flor Dahbar y Carmen Nebreda, del Partido Comunista y el Partido de la Victoria respectivamente. 

En los discursos expresados por los dirigentes, se escuchó un sostenido mensaje de solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández por el intento de magnicidio que sufrió el 1º de septiembre pasado, también exhortaciones a la unidad y a fortalecer una alternativa electoral en Córdoba para disputar las elecciones de 2023. 

El acto arrancó con la lectura de un documento que ofició de síntesis de los plenarios que se desarrollaron en diversos departamentos y seccionales, previo a este encuentro.

El Frente de Todos en Córdoba tiene conformada desde este año una mesa que integran los tres diputados nacionales, los partidos que integran la coalición y organizaciones kirchneristas.

Documento de unidad

El texto, que constó de diez puntos y fue leído en representación de “las organizaciones, partidos políticos, militantes y dirigentes elegidas y elegidos por el pueblo que pertenecemos al Frente de Todos en Córdoba” manifestó en primer lugar la solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández tras el intento de magnicidio que sufrió el 1º de septiembre.

El texto alude que “este gravísimo hecho”, además de ser “un atentado contra el peronismo y nuestro movimiento”, fue “un ataque a la democracia, la paz y los derechos humanos”; que nace de “la sistemática campaña de odio impulsada desde hace varios años por el poder real, e instrumentada por sectores del poder judicial y los medios de comunicación hegemónicos”.

Acto seguido, expresa la adhesión cordobesa al “reclamo popular por una reforma judicial federal que avance hacia un servicio de justicia imparcial, respetuoso de las garantías constitucionales, accesible en todo el territorio nacional para todos los sectores sociales, con paridad y perspectiva de género, y con perspectiva ambiental”; apuntando en primer término a “la cabeza del Poder Judicial”: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El punto siguiente refiere a la “urgencia de avanzar en una democratización de los medios de comunicación” para promover “la diversidad y el pluralismo de voces”; y advierte sobre la urgencia de “construir un consenso democrático contra la violencia política y los discursos de odio”.

A continuación, se exhorta a “redoblar los esfuerzos gubernamentales para defender y fortalecer el salario de los y las trabajadoras, y de los y las jubiladas y pensionadas frente a la inflación” y se expresa la “necesidad de actuar de manera urgente y decidida para combatir la desocupación y sacar a compatriotas de la pobreza extrema y la indigencia”. 

En otro párrafo del texto se destacan las “políticas nacionales de industrialización” y se apela a las provincias para fortalecer el sector, considerando que “la apuesta a la industria, las cooperativas y las pymes, es fundamental para motorizar la rueda económica, a partir del agregado de valor y la generación de empleo”.

El punto siguiente, desde una perspectiva de género remarca “la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo social” que reconozca de manera simbólica y económica las tareas de cuidado y avance hacia su distribución igualitaria para achicar la brecha de género en relación al empleo y el salario, y revertir el proceso de feminización de la pobreza. 

En octavo lugar se resaltan las políticas nacionales tendientes a la protección del ambiente y se menciona el apoyo brindado a Córdoba en el combate de los incendios “provocados por la avaricia del agronegocio y el desarrollismo urbano”; y se hace hincapié en la necesidad de “avanzar en la protección de los humedales y de todos nuestros recursos naturales, como el bosque nativo en Córdoba”.

En materia de recaudación, el anteúltimo punto sentencia que “las políticas públicas tendientes al desarrollo nacional con justicia social, perspectiva de género y responsabilidad ambiental, deben financiarse a través de un sistema impositivo más justo, donde paguen los que más tienen, empezando por los evasores que se llevan el fruto del trabajo de los argentinos y las argentinas al exterior”.

Finalmente, el documento expresa preocupación “por las políticas de seguridad en la Provincia”; y exhorta a la militancia a “mantenerse movilizada en defensa de Cristina, de la democracia y de este proyecto político colectivo”, “a visibilizar el compromiso y la inversión que hace el Gobierno nacional en Córdoba” y a “fortalecer los procesos políticos de unidad y de organización popular en cada territorio, con la voluntad de conformar alternativas que nos representen en todas las localidades de nuestra Córdoba, bajo la propuesta de construir una expresión común a nivel provincial para las elecciones de 2023”. 

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