Familiares y amigos de Jonathan Romo, el hombre de 35 años que murió tras ser detenido por efectivos policiales de La Falda, convocaron a una "marcha pacífica" que partirá este domingo, a las 18, desde la esquina de Avenida Edén y San Lorenzo de esta localidad de Punilla.

Bajo la consigna "Todos por Joni", el afiche que rápidamente empezó a viralizarse por las redes sociales el sábado,  invita a asistir con vestimenta negra y velas blancas.

Por la muerte de Jonathan Romo, el fiscal Raúl Ramírez de Cosquín, que tiene a su cargo la investigación, dispuso la detención de seis uniformados: cuatro de ellos fueron imputados por “homicidio calificado por abuso de sus funciones”; y los dos restantes, un suboficial y un subcomisario, fueron imputados por el presunto delito de “encubrimiento agravado”.

Luis Galli, abogado de la familia de Jonathan Romo, adelantó a La Nueva Mañana que hará una presentación judicial el lunes para que se investigue un episodio de diciembre que involucra a la víctima. En aquella ocasión, Romo fue detenido y golpeado en medio de un brote psicótico por algunos de los policías que ahora están presos y acusados de causar su muerte.

Galli apuntó contra el comisario Diego Bracamonte, quien días atrás “abrazó compungidamente” a la familia de la víctima tras comunicarles que Jonathan había fallecido.

Ola de cuestionamientos

La muerte de Jonathan Romo desató una serie de cuestionamientos que exceden a los efectivos policiales detenidos.

En un principio, el mismo gobernador Juan Schiaretti se pronunció a través de Twitter, que se investigue "hasta las últimas consecuencias" y se comprometió a que "el Estado provincial pone a disposición todos los recursos necesarios para que se determinen culpables y responsables del caso y caiga todo el peso de la ley sobre los mismos”.

En la misma línea, la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, reconoció que "no se observaron ni se llevaron a cabo los protocolos en lo que respecta al uso racional de la fuerza y el protocolo de intervención de fuerzas de seguridad para el traslado de personas con algún tipo de enfermedad de salud mental o bajo algún efecto de estupefacientes".

La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, por su parte, exigió que se investigue el irregular desempeño del comisario Diego Bracamonte, desplazado tras la muerte de Jonathan Romo. Bajo el título "No más muertos en las comisarías cordobesas", la Mesa instó a las autoridades a “trabajar en la reforma de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba, basada en el respeto y el cumplimiento de todas las leyes y resoluciones de DD.HH. nacionales e internacionales".

Durante una movilización que se realizó el sábado, frente a la central de la Policía, en esta capital, el dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Raúl Gómez, aseguró: "El caso de Jonathan no es un episodio aislado. Se trata de una práctica estructural de la policía de Córdoba que está totalmente legitimada por sus jefes políticos que son (Alfonso) Mosquera y (Juan) Schiaretti”.

La Unión Cívica Radical, en tanto, pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, al alegar que "la provincia carece de una política de seguridad" y que el ministro "demostró incapacidad".

Finalmente, Soledad Laciar, madre de Blas Correas, el joven que en 2020 murió asesinado por balas policiales, afirmó que hay que generar cambios de fondo en la política de seguridad y no quedarse en modificaciones cosméticas, asegurando que el problema no son los policías de manera individual, sino que "viene de más arriba".

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