El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó un recurso de queja de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Alta Gracia por un arroyo que mantiene alambrado en esta localidad el barrio privado Potrerillo de Larreta.

En 2020, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 9ª revocó un fallo de la jueza Graciela Cerini de 2017 que, en primera instancia, disponía que el alambrado que atravesaba el arroyo Los Paredones debía ser quitado, ya que interrumpía el acceso público.

En ese marco, el Gobierno provincial y la Municipalidad pidieron que el conflicto legal llegara al TSJ; solicitud que fue denegada en mayo de 2021. Frente a esto, Provincia y municipio presentaron un recurso de queja ante esta decisión que consideraron arbitraria. Finalmente, en estos días, el TSJ rechazó esta presentación.

Ante esto, consultado por La Nueva Mañana, el asesor Letrado de la Municipalidad de Alta Gracia, Daniel Villar, adelantó que hay un acuerdo con el abogado de la Provincia, Eduardo Visconti, para avanzar con un recurso extraordinario que permita llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Por su parte, Diego Heredia, integrante del colectivo vecinal Todos por Nuestros Arroyos, que hace una década hizo público el conflicto por el arroyo alambrado, evaluó: “Para nosotros es un fallo lamentable porque genera un precedente peligroso, sobre todo hablando de recursos públicos”.

Lo público y lo privado

La historia de este conflicto se remonta a 2011 cuando, merced a una demanda ciudadana, la Policía Ambiental removió los alambres que, a metros del ingreso al country Potrerillo de Larreta, interrumpían el acceso público al recurso natural y sus márgenes por aproximadamente cuatro kilómetros.

Ubicado en el suroeste de Alta Gracia, se trata de un sector de alto valor patrimonial, en el que se hallan dos paredones que tuvieron un rol preponderante en la administración del recurso hídrico en tiempos de desarrollo jesuítico en la región, y que constituyen además un atractivo turístico importante de la localidad.

El 23 de abril de 2013, precisamente, una multitud pobló las calles de la ciudad, acompañando la demanda por el cese del alambrado en el curso de agua.

Tras la quita del alambrado, el country inició un juicio a la Provincia, que a lo largo de los años ha navegado diversas instancias, entre medidas cautelares y análisis de fondo; que han determinado sucesivas quitas y recolocaciones de alambrados.

En el camino, la Municipalidad de Alta Gracia fue admitida como tercera interesada en el conflicto. Al colectivo Todos por Nuestros Arroyos, en tanto, con el acompañamiento de FUNDEPS, le fue denegada esta posibilidad.

En la actualidad, el paso al arroyo y sus márgenes, en el sector lindante al country se halla interrumpido por un cerco alambrado.

Decisión arbitraria

Villar analizó que el conflicto debe llegar a un nuevo ámbito judicial: “En primera instancia lo ganamos y en segunda instancia, en una apelación lo dieron vuelta. Es el mismo tribunal que revoca la sentencia de primera instancia, el que no nos hace lugar a la Casación. Eso se convierte en arbitrario y por eso tiene que intervenir un tercer tribunal”.

El funcionario municipal entiende que la negación de este recurso de queja priva del acceso a la justicia a la provincia, la ciudad y a los vecinos.

“La jueza considera que las pruebas que aportamos en primera instancia no son suficientes para demostrar el uso indebido de la costa del arroyo”, refiere Villar, quien destaca que la fundamentación del fallo de primera instancia ponía el énfasis en la delimitación del uso público del recurso, en consonancia con las disposiciones nacionales.

“Lo que requerimos como letrados defensores del dominio público es que nos den una instancia más”, subrayó Villar, quien aseguró que el intendente Marcos Torres le encargó que avance en el tema “en todo lo que esté a nuestro alcance”.

“Si el TSJ no nos da lugar a la queja y discutir el tema en otra sala, nos obliga a ir a la Corte (Suprema de Justicia)”, finalizó, adelantando que hay un visto bueno de la Provincia para seguir la disputa.

Un precedente peligroso

“Uno de los problemas que tiene la sentencia de la Cámara y la ratificación a través de la negación de la Casación, es que entiende al agua como un recurso para su utilización y no como un bien común”, analizó Diego Heredia.

Y agregó: “Plantean que el agua no corre peligro, estando en el barrio alambrado. No entienden el derecho de acceder a ese recurso. No sólo tiene un uso para la salud y el consumo; tiene una carga social, cultural y patrimonial importante. Es el curso de agua que une a los dos primeros paredones”.

Heredia destacó que este fallo y el rechazo a la participación de Todos por Nuestros Arroyos como terceros interesados, “convierte a la Cámara y al juzgado en un lugar que resuelve sin atender demandas vecinales, cercenando la posibilidad de acceder a ciudadanos comunes a la justicia”.

Finalmente, apuntó que desde el colectivo ciudadano estudian acciones a desarrollar y siguen de cerca los pasos que vayan a dar las áreas legales de la Provincia y la Municipalidad. 

“No sólo luchamos por el acceso a los recursos públicos de Alta Gracia, sino también por el precedente que generaría a nivel nacional esta apropiación del recurso y el permiso para alambrar que se da a través de una Cámara de Córdoba”, concluyó.

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