En horas de la tarde del viernes, la justicia ordenó el desalojo del acampe ambiental contra la construcción de la Autovía, ubicado a la vera de la ruta 5. 

Hasta el lugar, se acercaron el juez y fiscal encargados de informar sobre la medida judicial tomada, al tiempo que se desplegó un fuerte operativo policial que terminó con dos personas detenidas. 

Se trató de la segunda orden de desalojo del acampe en menos de un mes. El 14 de marzo ya habían ordenado el desalojo del acampe pero la Asamblea Paravachasca decidió retomar la ocupación del territorio. 

Desde la media mañana de este viernes, la organización ya había alertado que la Policía se estaba acercando al acampe para desalojar y pidió "presencia y acompañamiento inmediato en el lugar".

"Hacemos responsables a los jefes comunales, intendentes, al gobierno de Córdoba, a la secretaria de ambiente, a la justicia de Córdoba de la posible represión que va a suceder en Paravachasca", sostuvieron en un comunicado.

“No nos moveremos de aquí hasta que frenen las topadoras y la Justicia resuelva el amparo ambiental colectivo, la denuncia penal y la medida cautelar”, indicaron.

Además, denunciaron “el amedrentamiento constante por parte de la empresa Paolini Hnos. y de la Policía hacía las familias que nos encontramos aquí”.

Desalojo, represión y detenidos

Ya entrada la tarde, desde la Asamblea de Paravachasca confirmaron que los acampantes fueron reprimidos por la policía, con el saldo de dos manifestantes detenidos. Inmediatamente, integrantes e organizaciones que adherían a la lucha ambientalista se dirigieron hasta la comisaría de Alta Gracia (Unidad Regional Departamental Santa María) para exigir la libertad de las personas detenidas durante el violento desalojo.

Diego Aranda, referente de la Asamblea Paravachasca, explicó a La Nueva Mañana cómo se fueron dando los hechos desde el jueves.

“Al mediodía del jueves, nos convocamos en la Fiscalía del Segundo Turno de Alta Gracia, donde el fiscal (Alejandro) Peralta Ottonello nos aseguró que era incompetente frente a la denuncia penal que habíamos presentado diez días atrás, que todo estaba a cargo de la Fiscalía General”, dijo.

Ante el avance de las topadoras sobre el acampe, los ambientalistas presentaron un Hábeas Corpus ese mismo día, mientras denunciaban "el amedrentamiento que sufrían de empleados de Paulini Hermanos" (la empresa constructora en el lugar).

El referente de la Asamblea Paravachasca agregó que por la noche se había acercado al acampe el comisario Martín Reartes, de Anisacate, y el sub comisario General de Alta Gracia, Diego Cambronero.

“Nos aseguraron que el Hábeas Corpus iba a ser rechazado y que era inminente el desalojo. Este viernes temprano llegó policía, Infantería, el ETER y cuerpos especiales. Y después del mediodía nos mostraron la orden de desalojo, que mencionaba el kilómetro 46 de la ruta 5 y nosotros estábamos en el kilómetro 45. Observamos eso a la jueza de Paz que trajo la orden de desalojo, pero hicieron entrar las máquinas y allí empezó la represión y los gases lacrimógenos: hay compañeras que fueron golpeadas y manoseadas y se llevaron a dos compañeros detenidos”, amplió Reartes.  

Frente a la comisaría, permanecieron reunidos, a la espera de las novedades sobre la situación de los detenidos, una treintena de personas. Mientras tanto, desde la Asamblea de Paravachasca informaron que los jóvenes que fueron aprehendidos fueron Ramiro García y Luis Suárez, pero dijeron desconocer el delito que se les imputaba.

En las puertas de la Comisaría de Alta Gracia, la abogada Clarisa Villares, que representa a los asambleístas, confirmó que esperan la información de la Fiscalía. “No conocemos la imputación; ya hemos presentado todos los escritos para que recuperen su libertad. Sabemos que están golpeados, y solicitamos que se les haga una revisación completa en el hospital”, señaló a LNM. 

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