El presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó este martes en el Congreso el toque de queda que había impuesto en Lima y la vecina El Callao para casi todo el día, en una reunión con autoridades parlamentarias y jefes de bancada que sucedió a una jornada de enorme tensión política por las múltiples reacciones de oposición a la medida.

Sin embargo, tras el anuncio, miles de peruanos salieron a protestar en el centro de la capital y en otras ciudades -como Trujillo, la capital del departamento norteño La Libertad y la tercera mayor localidad del país- donde reclamaron la renuncia del mandatario, según el medio RPP.

En Lima, algunos manifestantes intentaron sin éxito entrar al Parlamento, rompieron vidrios y pintaron paredes en el frente del Ministerio Público, y chocaron con la policía, que les lanzó agua y gases lacrimógenos.

La Defensoría del Pueblo informó que al menos 11 policías resultaron heridos en esos enfrentamientos.

“Debo informar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda), corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, dijo Castillo en el recinto de sesiones del parlamento poco antes de las 17.30 (las 19.30 en la Argentina), cuando llevaba cerca de dos horas y media de reunión con los legisladores y varios de sus ministros.

La reunión -a la que el jefe del Estado asistió acompañado por varios de sus ministros- sucedió a una larga jornada de tensión iniciada anoche, cerca de la medianoche, cuando Castillo informó por televisión que había decretado el estado de emergencia (sitio) y el toque de queda desde las 2 hasta las 24 de hoy en Lima y El Callao para “restablecer la paz y el orden interno” y “resguardar la seguridad ciudadana”.

El jefe del gabinete, Aníbal Torres, explicó en el Congreso que la medida fue adoptada debido a informes de inteligencia que alertaron sobre el riesgo de “convulsión social”.

“Se tenía información de fuente reservada de que hoy se iban a producir actos vandálicos, esa es la razón por la que hemos tomado esta medida”, había dicho más temprano el ministro de Defensa, contralmirante retirado José Gavidia.

La decisión fue ampliamente cuestionada desde la madrugada por dirigentes políticos y analistas, e incluso por la Defensoría del Pueblo y el alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, que buscaron derogarla mediante recursos de hábeas corpus interpuestos ante la Justicia.

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