Este martes se conoció el fallo de la denominada “Causa de los Magistrados”, que se realizó en el marco del noveno juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba que comenzó el 25 de julio.

En esta oportunidad, donde por primera vez se juzgó la intervención de funcionarios judiciales en la última dictadura cívico-militar, hubo dos condenas y dos absoluciones.

Las condenas fueron dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, integrado por los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallido.

Por un lado, el exsecretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez, junto al ex defensor oficial federal, Ricardo Haro, fueron absueltos de los cargos de "incumplimiento de deberes de funcionario público". Los dos condenados, a tres años de prisión cada uno, fueron el exjuez federal, Miguel Ángel Puga y el exfiscal federal, Antonio Cornejo, ambos condenados por "encubrimiento agravado".

Tras la sentencia, los fiscales y la querella valoran la realización del juicio, pero mantuvieron diferencias respecto al fallo del Tribunal.

Mientras el presidente del Tribunal, Julián Falcucci, anticipaba en rueda de prensa algunos puntos de la sentencia, se oía nítidamente el malestar de familiares, amigos y miembros de organizaciones sindicales, políticas, y de derechos humanos que manifestaban su desazón en la calle.  "Como a los nazis, les va a pasar /a dónde vayan los iremos a buscar/ olé, olé..." cantaban con fuerza, tal vez para aplacar el dolor y la sensación de injusticia que produjeron las absoluciones, especialmente, la del ex secretario Carlos Otero Álvarez.

En ese preciso instante, atinadamente, un periodista le preguntó al juez qué tenía para decir frente a este reclamo. "Las reglas del Estado de Derecho son estas. La justicia está para resolver controversias y a veces pueden resultar agradables y otras no, pero nuestra misión es hacer justicia", respondió. Negó que haya sufrido alguna injerencia para actuar y a manera de reflexión reconoció que "la Justicia federal tuvo un papel complaciente que quedará reflejado en el fallo".

Diferenció este proceso del juicio a los jueces, que condenó a un grupo magistrados a prisión perpetua. "Nuestro marco de actuaciones estaba vinculado con omisiones funcionales de los cuatro imputados - Juez, fiscal, defensor y secretario- que es distinto a lo que ocurrió en Mendoza donde los jueces estaban imputados por complicidad en el marco de la megacausa que los condenó en julio del corriente año”, aseveró. 

Los Condenados

El presidente del tribunal fundamentó que el ex juez Miguel Ángel Puga  fue condenado por su actuación funcional en cuatro hechos de homicidio. Recibió la noticia de muertes violentas a través de la prensa, y por las actas de defunción, y no lo puso en conocimiento de la justicia militar que era competente en aquel momento. Por eso, dijo, "lo calificamos como encubrimiento" en relación a las muertes de René Moukarzel, Miguel Ángel Mozé, Miguel Ceballos y Florencio Díaz.

Sostuvo que en el caso de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) el funcionario omitió investigar el hecho referido a la detención del abogado y unos informes contradictorios. Con un lacónico ´Abócame, archívese´ dio por cerrado el caso. "Por eso le aplicamos la figura penal correspondiente". En tanto que "por estricta aplicación de la duda" fue absuelto en dos hechos de tormentos.

Para el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo le caben los mismos cargos que al juez como "autor de los delitos de encubrimiento" en los homicidios citados y en el caso de Florencio Díaz porque no investigó los tormentos.

Los absueltos

La absolución más polémica fue la del ex secretario Carlos Otero Álvarez. El Juez sostuvo que para el Tribunal las denuncias de tormentos y apremios ilegales referidos por las víctimas fueron elevadas ante el juez Adolfo Zamboni Ledesma quien "incumplió con sus obligaciones de investigar". Tal inacción, sostuvo, sumado al silencio de la Cámara de Apelaciones no convertían al secretario en responsable de la investigación. En este punto citó su propia posición expuesta en un juicio similar en Santiago del Estero y otros antecedentes en otras provincias.

En cuanto a los homicidios ocurridos en la UP1 analizó que de los expedientes surge que "el garante de la vida de las personas es el Juez". De modo que el secretario "no tenía obligación ni facultad para investigar", aseguró. Igual razonamiento se aplicó para los allanamientos y detenciones ilegales que, dijo, tampoco fueron planteadas por los abogados particulares.

Respecto a la absolución de Ricardo Haro afirmó que está comprobado vía expediente que las denuncias de tortura eran presentadas y que su rol fue similar al asumido por los abogados particulares. "Por eso consideramos que no había elementos para condenarlo por abuso de autoridad", señaló.

 Una de cal y otra de arena

"La sentencia ha ratificado parte de la hipótesis de la Fiscalía porque ha condenado a prisión efectiva tanto a Cornejo como a Puga, lo cual nos deja conformes en ese punto. Hay una divergencia en la calificación legal de los hechos y la condena, pero lo importante es que se ha validado nuestro trabajo. Como en todo juicio hay dos partes, una que acusa, y otra que defiende. El Tribunal decide quién tiene razón y nos la ha dado por eso estamos conformes", analizó por su parte, el fiscal Carlos Gonella.

Respecto a las absoluciones sostuvo que van a esperan los fundamentos. En el caso de Haro, anticipó, que no se podrá recurrir el fallo por cuestiones técnicas relativas a la pena.

En relación a Otero Álvarez, para quien los fiscales solicitaron una pena de siete años porque consideran que existe suficiente prueba para condenarlo, dijo que evaluarán los fundamentos y la interposición de un recurso de casación.

"Esto implica un antes y un después como dijo Facundo Trotta y es una señal muy fuerte para los magistrados que no hagan respetar los derechos y las garantías de las personas imputadas en alguna causa", afirmó.

Similar postura mantuvo la querella. Adriana Gentile manifestó que no están del todo de acuerdo con la sentencia. "Estamos satisfechos con lo resuelto en relación a Puga y Cornejo para quienes pedimos encubrimiento por las dos víctimas: Miguel Hugo Vaca Narvaja y Miguel Ángel Ceballos y nos hicieron lugar. Pero creemos que había abundante prueba para condenar a Otero Álvarez. Por la cantidad de víctimas afectadas y la documental, sostenemos que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público. Junto a Patricia Chalup y Jorge Chalup representaron a Raquel Altamira, Elba Inés Pucheta, Luis Miguel Baronetto, Diego Bauducco y Virginia Arquiola”, señaló.

Justicia incompleta

Los querellantes no pudieron asimilar la absolución de Otero Álvarez. No obstante Luis Miguel Baronetto, valoró que pese a las obstrucciones y a la corporación judicial, el juicio se haya realizado. "Hay hechos que no pudieron ser tapados y hubo condenas. Creo que ha sido positivo gracias a la participación de muchos militantes, organizaciones, prganismos, y a los compañeros de la Comisión UP1, afectados directos", expresó.

Agregó que las leyes, la democracia y los poderes institucionales “funcionan”, pero "las leyes son aplicadas por los jueces y no siempre hacen justicia o lo hacen de forma incompleta. Por eso, uno tiene que seguir insistiendo para que sean efectivas. Aquí el doctor (Julián) Falcucci la interpretó en función de un fallo previo donde ya se expidió", completó.

Raquel Altamira manifestó que sentía “impotencia ante la injusticia”. Aunque no abrigaba demasiadas expectativas, asistió durante tres meses al juicio y revivió lo ocurrido 41 años atrás. "Escuchamos los testimonios de los testigos y luego tuvimos que oír que se absuelve al señor Otero Álvarez a quien los presos le anunciaron, varias veces, que iban a matar a mi marido, Hugo Vaca Narvaja, y no hizo nada para evitarlo. Realmente me parece que el tribunal, aunque no sea parte de la ´Sagrada familia´ responde a esos mandatos. Era lo esperable”, manifestó conmovida.

"Indignación", resumió su parecer su hija Carolina, con los ojos húmedos. "Siento bronca y dolor por esta justicia que sigue siendo cómplice. Y lo que más me molesta es la cantidad de policías que ponen como si nosotros alguna vez hubiéramos buscado justicia por mano propia", expresó Olga Acosta, compañera de Miguel Ángel Mozé, asesinado el 17 de mayo de 1976 junto a otros cinco presos políticos.

El 7 de diciembre próximo, a las 12, se conocerán los fundamentos del fallo que se conoció este martes.