Especial para La Nueva Mañana

La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de anular todas las condenas por corrupción que pesaban sobre el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva desnudó el complot entre el ex juez Sergio Moro y el grupo de fiscales de la Operación Lava Jato en contra del líder opositor para sacarlo de la carrera política en connivencia con sectores políticos y los grandes medios de comunicación del país vecino.

Al mismo tiempo, esa decisión profundizó la discusión sobre la existencia del “lawfare” o armado de causas judiciales para perseguir opositores políticos en los países de la región como Argentina, Ecuador o Bolivia donde se vivieron sistemáticos procesos similares.

En nuestro país queda cada vez más al descubierto la existencia de una mesa judicial integrada por ex presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno, integrantes del Poder Judicial y de los grandes medios de comunicación, que se valían del espionaje ilegal para el armado de causas contra una larga lista de líderes o funcionarios opositores, sindicalistas y empresarios, fiscales o jueces que no respondían a sus mandatos. 
El Gobierno ataca en diferentes frentes para desarmar ese lado oscuro de la  Justicia, en el Congreso, en el Consejo de la Magistratura y ahora con la asunción de un duro en el Ministerio de  Justicia, el ex diputado Martín Soria.

El tema, junto a la asunción del nuevo ministro de  Justicia de la Nación y al funcionamiento de la  Justicia en nuestro país concentró gran parte de la entrevista que integrantes de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), de la que este periodista es parte, mantuvimos con el fiscal federal, Federico Delgado. 

Un hombre que habla con la cara descubierta sobre el lado oscuro de la  Justicia y que describe en su libro “La República de la Impunidad”, en una actitud muy valiente al dar la discusión desde adentro porque muchas veces otros prefieren salirse y a veces desde las instituciones este tipo de discursos no le caen bien, es un reconocimiento que hay que ponerle valor. 

¿Qué lectura hace del perfil del nuevo ministro de  Justicia que dista bastante de la anterior ministra Marcela Losardo?

- No tengo ni la menor idea porque Alberto Fernández nombró a (Martín) Soria, pero si uno se pone a pensar que un ministro es simplemente un colaborador del Presidente es lógico que elija ministros que expresen y que tengan la posibilidad de llevar adelante con mucha fuerza sus ideas. Lo que dijo el Presidente en el Congreso cuando asumió, cuando abrió las sesiones del Congreso y ahora es básicamente lo mismo, tiene un diagnóstico que me parece que ningún argentino de bien puede estar en desacuerdo porque lo que dice básicamente es que la  Justicia no funciona como esta, hay descreimiento y todas las patologías que todos conocen.
En ese contexto me parece que Soria por lo que se ha visto de su gestión pública ha tenido posiciones muy claras, ha denunciado hechos delictivos, ha cuestionado a algunos magistrados entonces me parece que por ahí su designación tiene que ver con eso, es una persona que expresa con mucha fuerza posiciones parecidas a lo de los discursos del Presidente.

¿Existe en la República Argentina lo que se dice el lawfare?

- Yo creo que sí. Es un concepto que en todo Occidente está en construcción, pero básicamente es un uso de los Tribunales para perseguir adversarios. En nuestro país funciona de una manera que es muy sutil que para entenderlos hay que despojarse de algunos prejuicios.

El lawfare en la Argentina funciona “a la Argentina”, se construyen expedientes que son formalmente legales, hay una denuncia, hay un fiscal que investiga, hay un juez y hay muchas cosas de ese expediente que son legales pero dentro de ese expediente, hay pruebas ilegales, hay fiscales que tienen un ojo tapado y hacen pruebas para un solo lado, se interpreta la ley de una manera tal que en lugar de juntar pruebas para después tomar decisiones; con el lawfare se hace al revés se toman decisiones previamente y después se acomoda el expediente para que se complemente con esa idea previa. En la Argentina eso también ocurre y ocurre en términos ofensivos, quiero decir para eliminar a alguien que se percibe como adversario que puede ser un político. 

Lo grave es cuando hay visibilidad porque hace falta algún juez que busca notoriedad y no busca  Justicia y esto hace que ese juez, por otro problema, tiene garantías institucionales que no va a tener que rendir cuentas, sabe que no pasa nada por lo que hace, utiliza el expediente, esa información pública, para esos fines de destruir a un adversario, con el interés político económico, un sector de la  Justicia que es compatible con eso y además con la expansión de la visibilidad que le dan los medios.  

Hace unos días el Supremo Tribunal de Brasil absolvió al ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva en las causas en las que estaba imputado, ¿cree que puede llegar a pasar algo parecido en nuestro país con las causas de la vicepresidenta Cristina Kirchner u otros ex funcionarios? 

- La verdad es que sí puede ocurrir algo similar con Cristina Kirchner de lo que pasó con Lula o no, no lo sé. Yo participé de la dimensión Argentina del Lava Jato nosotros tuvimos dos causas, las dos las mandamos a juicio oral, sin arrepentidos y están esperando tener juicio pero me parece que es distinto, el Lava Jato hay que analizarlo distinguiendo las sospechas del juicio que tuvo Lula, de algunas dimensiones que hay que rescatar y analizarlas en clave argentina como la recuperación del dinero de la corrupción que se demostró que hubo en otro plano, pero la pregunta no la puedo responder porque la verdad que no puedo hablar de lo que no sé. 
 
¿Qué diferencia ve del funcionamiento de la  Justicia respecto del gobierno de Macri con el de Alberto Fernández más allá de que recién está transcurriendo el segundo año?

- Si una virtud tiene el gobierno de Alberto Fernández es que no hay ningún tipo de interferencia en el funcionamiento de la  Justicia. En la época de Mauricio Macri a mí me tocó investigarlo dos o tres veces y la verdad que no la pasé nada bien, de hecho yo sufrí una querella inventada por Gustavo Arribas que me tuvo durante tres años a los ostiazos como dicen los españoles simplemente por haber tomado una declaración a un arrepentido en el marco del Lava Jato por un pedido que me hizo el juez (Sebastián) Casanello.
Hasta ahora yo no veo en esta gestión el funcionamiento del esquema bastante difícil de trabajo que había en el gobierno anterior que tenía que ver con querellas, con denuncias, con desgaste público a través de instalar noticias falsas, pero de todos modos el problema en la  Justicia todavía no está corregido.

Desde la oposición consideran que la agenda judicial del gobierno es para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, ¿cuál es su opinión al respecto?

- Yo entiendo el ecosistema que envuelve la pregunta pero me parece que la impunidad está garantizada tal como están las cosas. Creo que la  Justicia argentina en general fabrica impunidad entonces la verdad que hacer una reforma para que Cristina Kirchner tenga impunidad, no me parece, creo que es más fácil indultarla y que tiene me imagino menor costo porque es una vez. 

Pero me parece que los problemas que tienen los juicios de Cristina Kirchner, los tienen muchos juicios que tienen que ver con lesa humanidad, con vaciamientos de bancos, con corrupción, con evasión tributaria, es que no terminan nunca. Me parece que ahí hay un gran cúmulo de problemas que se simplifican o se usan para hacer política partidaria con el tema. 

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