Presentan en el Congreso un proyecto contra el negacionismo
El proyecto presentado por Eduardo Fernández fija un régimen de sanciones en el Código Penal por delitos de negacionismo y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad.
El diputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández, presentó un proyecto de ley que fija un régimen de sanciones a los delitos de negacionismo, y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La propuesta apunta a la incorporar al Código Penal de los delitos de negacionismo y apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto por los tratados internacionales a los que Argentina adhiere con rango constitucional, las organizaciones internacionales de Derechos Humanos. Plantea sanciones como "las prescriptas para delitos de similar naturaleza: penas de prisión leves y sanciones económicas, según correspondiere", expresa el proyecto.
Sobre el proyecto que cuenta con apoyo de legisladores del bloque del Frente de Todos, Fernández indicó que "representa la continuidad de la tarea que, en materia legislativa y a través de iniciativas como esta, han emprendido previamente diputados como Horacio Pietragalla Corti y Nilda Garré".
"En los últimos años, en el marco de la emergencia del neoliberalismo en nuestra América y con el resurgimiento de movimientos conservadores y reaccionarios a lo largo de todo el mundo occidental, se multiplican las expresiones y manifestaciones de odio, de intolerancia, de autoritarismo, de violencia política y, específicamente en lo que a nuestro país y la opinión pública concierne, de negacionismo y apología de los métodos, protagonistas, estrategias y doctrinas ideológicas y políticas en torno a los crímenes de lesa humanidad, que integran el pasado más oscuro -a la vez que reciente- de la historia nacional", argumenta el proyecto.
En esa línea, plantea que "las expresiones de odio, de negación, de reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y de sus métodos, sus protagonistas, su trasfondo ideológico y doctrinario, no son sino afrentas al orden comunitario y resulta justo como prioritario sancionarlas, a los fines de erradicarlas".
La propuesta prevé también obligaciones específicas para funcionarios y funcionarias públicas de todas las jerarquías y jurisdicciones.
Fernández subrayó que esta iniciativa no cercena la libertad de expresión, ya que esta "garantiza la libre opinión de los ciudadanos y ciudadanas justamente, frente a regímenes autoritarios, violentos, de violación sistemática de los Derechos Humanos, como aquellos sobre los que, los destinatarios de este proyecto de ley", apologizan.
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