Vestidas de negro, con un lazo rojo en la cintura, este viernes a las 7 de la mañana partió desde Cerro Azul la caravana de mujeres y disidencias autoconvocadas, de distintas localidades del departamento de Colón,  con el propósito de acercar a los dispensarios de El Manzano, Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja, un documento en reclamo de los derechos de salud sexual, reproductivos y no reproductivos, contemplados en distintas legislaciones.

En algunas localidades fueron recibidas por algún funcionario o funcionaria o jefes comunales, pero en Agua de Oro, el intendente Orlando Belli, las esperó con la Policía en la puerta y se resistió a escuchar el pedido colectivo. Finalmente cedió a recibir a solo dos representantes del grupo.

“Los intendentes y jefes comunales de Cerro Azul, El Manzano y Salsipuedes junto con los representantes de los dispensarios de la zona recibieron nuestro pedido en persona, el intendente de Agua de Oro no solo no sale, sino que manda a varios oficiales de la Policía”, repudiaron las mujeres autoconvocadas. 

“El municipio que tiene ginecóloga, no tiene trabajadora social, el que tiene psicólogo, como Agua de Oro, termina siendo de cartón porque no tienen presupuesto, las personas ahí están trabajando con sueldo mínimo y prácticamente had honorem, y solo asesoran porque si se necesita el acompañamiento de un o una psicóloga, hay que pagar”, cuenta a este medio Cecilia Quinteros, que trabaja como docente, enseña ESI, y escucha a sus alumnos cuando le cuentan que en los dispensarios es difícil para los jóvenes acceder a insumos como los preservativos. “En esta zona, somos muches los que necesitamos que nos atraviesen las políticas públicas y no nos están escuchando”, agrega. 

“Estamos en una crisis grande de implementación de políticas públicas. Los municipios ni siquiera están haciendo la capacitación obligatoria de la ley Micaela. Ni siquiera se estaban haciendo en los hospitales zonales, los abortos no punibles. Eso ya nos preocupaba y nos preguntábamos cómo vamos a garantizar la IVE, en este lugar que es una desgracia en ese aspecto, donde los municipios no tienen totalmente conformados los equipos técnicos que garanticen incluso, hacer los trámites en relación a la violencia de género”, detalla la docente. 

Las urgencias

Cecilia también cuenta que inclusos, respecto a las denuncias por violencia de género en esa zona de las Sierras Chicas, la falta de capacitación en perspectiva de género de los distintos funcionarios es tal, que la situación las llevó a organizarse para ir en grupo, acompañadas, a hacer las denuncias y exigir que las registren. “Va la persona violentada, más otras dos o tres que se tienen que plantar al frente de la comisaría o a la persona que está de turno y decirle, ‘traiga el sumariante, haga esto, lo otro, tome la denuncia’, nos tenemos que acompañar en eso y no corresponde porque tenemos leyes”, ilustra.

Para la docente, si no hay profesionales formados en disidencias, en género, “cómo se va a garantizar que las identidades disidentes, vayan al dispensario, por ejemplo, y sean atendidos con un trato digno”.

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