Vecinos de barrio Ituzaingó anexo enviaron una carta abierta al TSJ
Solicitaron una nueva Cámara que realice el juicio contra la fumigación con agrotóxicos y una secretaría para atender a las víctimas de delitos de contaminación.
Los vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba elevaron una carta abierta al Tribunal Superior de Justicia para pedir respuestas respecto a la causa de fumigaciones con agrotóxicos e invitaron a sus miembros a acercarse al barrio para "informar a las víctimas sobre la situación de la causa Amuchástegui y otros contaminación dolosa, antes de tomar la decisión respecto a la Casación.
"La causa fue iniciada por una denuncia de tres de nosotras ante la unidad judicial el día 3 de marzo de 2004 por un hecho de contaminación realizado por un fumigador aéreo sobre el barrio, a pesar de que en 2002 habíamos logrado ordenanzas que prohibían la fumigación en todo el ejido urbano de la ciudad de Córdoba y especialmente en nuestro barrio por encontrarse en Emergencia Sanitaria", comienza diciendo en el texto.
"Consideramos que es derecho de todas las víctimas tener garantizado el acceso a la Justicia, un trato como personas con derechos y dignidad, resarcimiento y asistencia ante el ataque a nuestro derecho fundamental a la vida y a la salud. Ante el extraordinario plazo que se ha tomado la administración de Justicia de la provincia a su cargo para tratar nuestro caso, queremos también realizarles unas preguntas", señala la carta previo a enumerar las consultas.
Entre ellas, destacan el tiempo de demora que lleva una resolución de la Casación, "por la que tres abogados les piden que anulen lo actuado por la Cámara 12 del Crimen, que de manera sorprendente y luego de haber convocado al inicio del juicio oral y público para el 31 de marzo del corriente año, lo suspendió previo a la cuarentena y el 1° de julio absolvió al productor Francisco Parra mandando a archivar la causa".
"¿Saben cuáles son los motivos por los que nos apartaron como querellantes? Queremos decirles que los abogados Nayi y María Elba Martínez al inicio de la causa nos constituyeron como querellantes y que luego de estos 18 años, la Cámara 12 nos informó recién en noviembre de 2019 que muchos de nosotros no estábamos como tales. Muchos de los querellantes han muerto, los vivos nunca fuimos notificados de que nos sacaban", denunciaron, al tiempo que detallaron que sólo quedan cinco personas vivas de las 38 iniciales y que de la nueva presentación ya han fallecido dos.
Por otro lado, consideraron: "18 años es un desquicio, un despropósito, una falta de respeto, se está yendo la vida en el mientras tanto, se nos va la vida sin resultados ni resoluciones favorables, compatibles con la defensa y garantía de la vida y la salud. La Justicia tardía no le sirve a nadie", enfatizaron.
"Les exigimos a ustedes como Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que debido al tiempo transcurrido y el daño ocasionado y al ser imposible seguir esperando debido a las enfermedades que padecemos, se expidan en el menor tiempo posible. Que nos den una pronta solución, que anulen lo actuado por la Cámara 12, que nos reconozcan como víctimas a ser escuchadas, que nos reconozcan querellantes informándonos como corresponde. Que nombren a una nueva Cámara que urgente realice el juicio que ha sido elevado como tal en el año 2014", exigieron en la carta.
Además, pidieron crear "una secretaría dedicada a atender a las víctimas de delitos de contaminación que trabaje a favor de los ciudadanos comunes y defienda nuestros derechos humanos para que podamos acceder a la reparación del daño y del sufrimiento que nos han ocasionado a cada uno y a nuestro barrio".
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