La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dejó este miércoles listos los proyectos que regulan el teletrabajo y la donación de plasma para ser tratados en la próxima sesión de este jueves, al firmar el dictamen de mayoría en el marco de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Antes de la reunión, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio trabajaron a contrarreloj para acercar posiciones y llegar finalmente a un acuerdo que quedó plasmado en un dictamen unificado, pese a que la oposición firmó con disidencias parciales.

Al borrador original se le incorporó un plazo de 90 días para la entrada en vigencia de la ley después de la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, para darle un margen de tiempo a los empleadores a adecuarse a las exigencias que demandará el nuevo marco normativo, algo que en plena cuarentena se considera que podría ser peligroso por la fuerte caída de la actividad.

Al introducir el debate, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (Frente de Todos), destacó: "Hemos arribado a un consenso donde hubo que articular intereses muchas veces contrapuestos y así y todos hemos emitidos un dictamen protectorio para el trabajo".

Por su parte, el vicepresidente Albor Cantard (UCR) resaltó que el propósito de la regulación es "garantizar un piso de derechos a los trabajadores", mientras que las especificidades de las prestaciones quedan libradas a las negociaciones de los convenios colectivos de cada actividad.

El diputado oficialista y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró que "es una forma de evitar esos vacíos legales que suelen terminar en abusos de algunos sectores empresarios".

A su vez, el jefe de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, destacó la importancia de crear un régimen jurídico de teletrabajo, aunque aseguró que "es una oportunidad perdida la falta de incentivos fiscales en este contexto de profunda crisis que castiga fuertemente a pequeñas y medianas empresas".

¿En qué consiste la ley?

La iniciativa modifica la ley de Contratos del Trabajo e indica que las personas que se desempeñen bajo la modalidad remota "gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial".

Además, su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior “a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial".

Entre otros aspectos, la normativa propuesta señala que la prestación laboral a distancia es voluntaria, no puede ser impuesta por el empleador y por lo tanto es reversible, al tiempo que regula el "derecho a la desconexión" del empleado remoto.

Establece también que "el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja".

En los casos de roturas, desperfectos o desgaste de los instrumentos tecnológicos de trabajo, el empleador deberá hacerse cargo de su reemplazo o reparación.

En tanto, el trabajador a distancia "tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar", y "dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias", una condición que había sido pedida por la CGT.

En cuanto a las tareas de cuidados, se establece que quienes "acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada".

Sobre al "derecho a la desconexión", se consigna que el trabajador remoto tendrá "derecho a no ser conectado y desconectarse de los dispositivos digitales" fuera de su jornada laboral o durante los períodos de licencias, al tiempo que el empleador tendrá prohibido "remitirle comunicaciones por ningún medio" en esos períodos.

La donación de plasma

Se trata de una iniciativa que ingresó sorpresivamente el miércoles a la Cámara baja con la firma de Máximo Kirchner a la cabeza, pero que se construyó a partir de la cooperación entre el oficialismo y la oposición.

De hecho, la iniciativa también lleva la firma del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que se suma a las de la dupla conformada por el presidente y vice de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos) y Carmen Polledo (PRO), los que más trabajaron en la articulación de los consensos para sintetizar en un solo dictamen las siete propuestas que había en la materia.

El proyecto crea una serie de incentivos para alentar la donación voluntaria, como el otorgamiento de dos días de licencia laboral para empleados en relación de dependencia, así como facilidades de transporte hasta el centro de salud y el reconocimiento oficial como "ciudadanos solidarios destacados de la República Argentina". Para validar los dos días de licencia, los donantes deben "acreditar tal circunstancia ante el/la empleador/a mediante la presentación del certificado expedido por el centro de salud interviniente".

"Se hace imprescindible que sea la sociedad en su conjunto que ponga en valor la donación de quienes luego de haber pasado por una situación angustiante, cooperan para mejorar la calidad de vida de los demás", destaca el texto legislativo en sus fundamentos.

Al introducir el debate, Yedlin reconoció que todavía "no se sabe a ciencia cierta" cuál el la efectividad de este tipo de tratamiento. Sin embargo, aseguró que es necesario "promocionar" este "gesto solidario" ya que en el actual contexto la donación voluntaria de plasma "es muy poquita". "En estos últimos meses, por la dificultad de traslado de los donantes y miedo de concurrir a centros hospitalarios ha generado un déficit importantísimo", justificó el tucumano.

Por su parte, Polledo destacó que el proyecto busca "concientizar, invitar, informar y formar a la ciudadanía, especialmente aquellos que se hayan recuperado para poder ser donantes". "En Argentina hay mas de 13.000 personas recuperadas de Covid, pero la cantidad de pacientes que donan es baja", lamentó.

La radical Josefina Mendoza se mostró optimista sobre la efectividad del tratamiento con plasma y valoró que el Estado nacional "invierta en esto porque no es la vacuna pero ha demostrado la capacidad de salvar vidas".

A su turno, el kirchnerista Nicolás Rodríguez Saá, quien trabajó en uno de los proyectos que fueron tenidos en cuenta para el dictamen, relató que en Malvinas Argentinas pudo ver con sus "propios ojos cómo una persona que estaba conectada a terapia intensiva, a los días de que le pusieran plasma de una paciente recuperada, le dieron el alta, al igual que Martín Insaurralde".

Fuente: NA 

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