La vicepresidenta Cristina Fernández reiteró este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su denuncia de "lawfare" y "persecución" contra ella y ex miembros de su gobierno en la administración de Mauricio Macri en el caso del Memorándum con Irán y el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, y señaló que ese accionar afectó al ex canciller Héctor Timerman hasta "matarlo".

A través de los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, la ex presidenta dijo que en la Argentina "se concretó la afectación de garantías judiciales en un contexto de discriminación política y persecución".

"A partir de la asunción del gobierno macrista, en nuestro país tuvo lugar un proceso judicial absolutamente viciado e irregular con víctimas directas en nuestros asistidos", dijeron los abogados, y sostuvieron que hubo magistrados que "fueron reemplazados por otros 'jueces de conveniencia' a la persecución política que se iría a desplegar".

En ese marco, denunciaron los letrados que hubo "un avance de un proceso que procuró afectar, además, los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo gravísimas consecuencias respecto de la salud y la integridad de Héctor Timerman, hasta matarlo".

En el escrito al que accedió Télam se recordó que hace dos años se hizo una denuncia similar y reiteraron que durante el macrismo hubo "violación tanto del principio que impide la doble persecución penal como de las garantías de juez natural y tribunal imparcial".

"Ya con esa ingeniería institucional manipulada, con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y en ese marco de discriminación y persecución, se avanzó en la instrucción de un proceso irregular, según también ya se lo denunciara", sostuvieron.

Los abogados reseñaron que días pasados "se hicieron públicas las declaraciones de una jueza que integró aquella Cámara Federal de Casación Penal (Ana María Figueroa), que entonces fue muy crítica del accionar irregular de sus colegas, y que ahora refirió las presiones que sufrió entonces por parte del gobierno macrista para fallar en este asunto".

También memoraron que la jueza Figueroa había destacado entonces "la irregular situación a mi entender, que implica que esta Sala I de la CFCP se encuentre interviniendo actualmente en esta causa" y que "la decisión del juez o jueces que resuelvan la cuestión esté basada en criterios no objetivos".

Por ello añadieron que continúa el trámite judicial "iniciado del modo irregular que se denuncia y que las nuevas declaraciones corroboran" y advirtieron por "la posible concreción del juicio oral y público en que será evaluada esa 'verdadera farsa'".

En ese sentido, pidieron a la CIDH que "contemple la posibilidad de volver a enviar un Observador Internacional de esa Comisión para que realice un examen y acompañamiento de dicho proceso público como ya lo hiciera respecto de los otros juicios vinculados tanto con el atentado en la AMIA como a su reconocido encubrimiento", en el que es juzgado el ex presidente Carlos Menem, entre otros.

Asimismo, solicitaron que "evalúen la posibilidad de convocar en el próximo periodo de sesiones (de la CIDH) a una audiencia temática para analizar la problemática de persecución judicial conocida como "lawfare" en la región".

Sobre este tema, dirigentes del oficialismo y referentes de la justicia remarcaron la gravedad de la denuncia de la camarista Figueroa.

"Lo que expresó Figueroa es algo que todos nosotros sospechamos pero no teníamos una declaración de tanta sinceridad", sentenció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien afirmó que "había una clara presión a los jueces por parte de Mauricio Macri. Era muy visible lo que estaba pasando".

El presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, dijo que el supuesto aludido por Figueroa, el ex viceministro de Justicia Juan Mahiques "se movía bien dentro del Consejo y lograba formar mayorías y simpatías que le permitían mover muchas cosas de una forma bastante rápida. Era un buen operador".

El senador nacional del Frente de Todos y ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli adelantó que pedirá la nulidad del fallo en la causa en la que fue acusado por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

"No es novedad que Mahiques era el operador preferido, el (Lionel) Messi de Macri para presionar a los jueces para perseguir opositores", dijo el legislador.

Fuente: Télam