El Concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros, presentó junto a los ediles de Córdoba Cambia, Ricardo Aizpeolea y Armando Fernández, un proyecto de ordenanza que apunta a realizar modificaciones en el acuerdo celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y Aguas Cordobesas S.A, tras la cesión de posición contractual.

El argumento de la propuesta se basa en la “necesidad de modernizar el régimen tarifario y establecer una correcta mediación entre el prestador y los usuarios”.

“El Convenio en virtud del cual el contrato de concesión de agua potable de inminente paso a órbita municipal, representa una inmensa oportunidad para que el Municipio realice con la concesionaria una renegociación del contrato, el cual rige desde el año 1997 y tiene vigencia hasta el año 2027. Resulta necesario establecer modificaciones al Contrato de Concesión, las cuales no resultan caprichosas sino que son necesarias en virtud del deficiente y caro servicio que presta la concesionaria”, remarcó Quinteros a través de un comunicado. 

Una de las directrices del proyecto es el sistema de consumo no medido. Para el edil el actual acuerdo perjudica a los usuarios al tarifar el servicio de agua potable a los usuarios con servicio no medido, en función a la superficie cubierta del inmueble, superficie del terreno, antigüedad de la edificación y sin considerar la utilización del recurso”. Asimismo, se propone que el sistema sea aplicable a aquellos usuarios que no cuenten con el medidor de agua instalado y en funcionamiento.

Asimismo, la iniciativa resalta que el actual contrato de concesión genera que el concesionario tarife por el servicio de agua potable un impuesto a los bienes, al utilizar medidas del inmueble para el cálculo. 

“En la actualidad la prestadora envía las facturas y genera la facturación entre un mes y dos meses previos al vencimiento, generando que los usuarios paguen sus facturas con una antelación mayor a la deseada, y lógicamente están pagando por un supuesto consumo que todavía no efectuaron”, destaca la propuesta.

"Es impensado que la Municipalidad de Córdoba recepte este contrato de la forma en la que fue suscripto en 2006. Toda la doctrina en materia de de concesión de servicios públicos de larga duración, recepta el principio de "cláusulas evolutivas" o "mutabilidad y renegociación permanente" toda vez que surge evidente los cambios constantes de escenarios económicos, tecnológicos, financieros y sociales, y ello nunca debe causar un perjuicio para los usuarios. El contrato fue un claro negociado entre el Gobierno de la Provincia y el Grupo Roggio y ha llegado la hora de ponerle fin", finalizó Quinteros.