El Gobierno busca achicar las brechas del sistema de jubilaciones

Especial para La Nueva Mañana

Con el correr de los días comienzan a develarse algunos elementos del programa económico que pretende aplicar el nuevo gobierno nacional. A dos semanas de su asunción, con la discusión y aprobación parlamentaria de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva podemos aventurar que en los primeros meses el gobierno buscará “tranquilizar la economía”, en palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, para generar así las condiciones para el crecimiento, fase elemental para el desarrollo.

En consecuencia, partiendo de la base de que “la Argentina consume el 70% de lo que produce”, según señaló el Presidente en una entrevista brindada recientemente a Luis Majul -aunque, relevamientos de consultoras privadas publican que el consumo explica cerca del 80% del PBI-, el gabinete económico buscará generar las condiciones propicias para que la economía repunte apuntalando a la demanda. Según expresaron púbicamente los funcionarios, la expansión del consumo no debe perder de vista la consistencia macroeconómica. Es por ello que proponen actualizar algunos gravámenes impositivos para poder financiar la inyección de dinero en el mercado interno evitando agrandar el déficit fiscal o la emisión monetaria, explicó el titular del Palacio de Hacienda.   

Los jubilados perdieron un 20% de poder adquisitivo en menos de dos años

Un elemento central en el esquema que carbura el oficialismo es el comienzo de la recuperación de los sectores más castigados por la crisis. En efecto, los haberes jubilatorios están en la mira del programa, puesto que perdieron cerca de 20 puntos de poder adquisitivo desde el cambio de fórmula hasta hoy. Es decir, en poco más de dos años.  Así como la adecuación de las retenciones y el impuesto a la compra de divisas previstas en la ley generaron controversias, las modificaciones en el esquema jubilatorio que realizará el Ejecutivo no fueron la excepción, y no pocos medios ya hablan de congelamiento y ajuste a los jubilados.

¿Congelamiento y ajuste a las jubilaciones?

Uno de los objetivos que propone la ley aprobada por ambas cámaras del Congreso es el fortalecimiento del “carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de de aquellos que perciben los menores ingresos”. En efecto, la fórmula con la cual el gobierno anterior adecuaba los haberes que perciben los jubilados queda sin efecto, y el nuevo gobierno se puso un plazo de seis meses para proponer una nueva de acuerdo a las variables económicas actuales y los objetivos que plantea la gestión entrante.

Al quedar suspendido el cálculo de movilidad jubilatoria mientras había previstos dos aumentos (uno para marzo de 11,5% y otro de para junio de 15%) se generaron todo tipo de especulaciones, alimentadas por la incertidumbre, el desconocimiento y, en algunos casos, mala fe.

Vale señalar que habrá dos bonos de hasta $5.000 a cobrar en diciembre y enero para jubilados y pensionados que perciben la mínima. El valor del bono extraordinario irá disminuyendo en la medida que el ingreso del pasivo se acerque a los $19.000 (tope que surge de la suma del bono más la jubilación mínima que actualmente es de $ 14.068). Lo cual significa que quien percibe dieciséis mil pesos recibirá tres mil y quienes superan los diecinueve mil no recibirán estos bonos extraordinarios. En efecto, cabe preguntarse cuántos y quiénes son los beneficiados con este esquema extraordinario.

Cerca del 50% de los jubilados cobra la mínima

Para responder esa pregunta debemos saber cuántos son los pasivos que perciben la mínima. Vale aclarar que la pirámide previsional, según datos oficiales, se asienta sobre una robusta base conformada por los que cobran el haber mínimo, cerca del 50% de los jubilados; es decir, un poco menos de tres millones de personas. Si a estos les sumamos aquellos que cobran poco más de la mínima pero están por debajo del tope de los $19.000, entonces, aproximadamente el 60% de los jubilados está en condiciones de recibir los bonos extraordinarios.

Así, quien percibe la mínima, recibiría $10.000 extras a la espera de una nueva fórmula de movilidad, frente a poco más de seis mil pesos de aumento que le correspondería cobrar entre marzo y junio con la anterior ecuación. Ahora bien, la pregunta lógica que cabe es qué sucede con los que no percibirán los bonos ¿la suspensión del cálculo significa un congelamiento de sus haberes al no recibir ni bono ni el aumento previsto? Recientemente el Presidente anunció que en el mes de marzo habrá un aumento para todos los jubilados; del porcentaje del mismo depende la suerte de los distintos estratos de la pirámide previsional.

Esta iniciativa, junto a la de acabar con las “jubilaciones de privilegio” y los “regímenes especiales”, busca achicar las brechas del sistema de jubilación. El jefe de Gabinete, Santiago Caffiero, aclaró en este sentido que “queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad”. A todas luces, el gobierno busca inyectar dinero en el bolsillo de los más castigados para comenzar a motorizar la demanda, puesto que el dinero de los bonos irá en su totalidad a consumo de alimentos, principalmente.

Las expectativas de una inflación a la baja

Ahora bien, el objetivo troncal que plantea la nueva administración nacional de atender, en principio, a los “sectores más vulnerados” flaquearía si los precios no comienzan a aplacarse y toman una tendencia a la baja. De no ser así, los aumentos, el congelamiento de las tarifas y la ampliación de la entrega gratuita de medicamentos para los jubilados, serían alicientes diluidos en una espiral inflacionaria.

Los últimos informes oficiales sobre el comportamiento de los precios muestran que los precios mayoristas se mueven por arriba de los minoristas, lo cual da cuenta de que el minorista absorbe las subas para no perder más ventas. En consecuencia, qué garantía tiene el gobierno de que el comercio minorista no subirá los precios para aprovechar el aumento de la demanda en ciernes. ¿Una “mesa de diálogo” basta para frenar la avanzada de los precios y la lógica de acumulación especuladora de las grandes superficies?

Inclusive, teniendo en cuenta el grado de extranjerización del comercio minorista, qué garantía tiene la nueva administración de que el dinero de los bonos que percibirán los jubilados no terminará en las arcas parisinas del Grupo Carrefour; en Arkansas, sede de Walmart; en la ciudad de Dusseldorf, en donde está radicado el grupo que administra Makro; o en Chile, en donde está radicada Cencosud, ya que mediante le ley de Inversiones Extranjeras pueden girar a sus casas matrices cuanto y cuando lo dispongan.

Por el comportamiento histórico de este sector, todo indicaría que sin una dinámica de premios y castigos aplicada por el gobierno es poco probable que los precios aminoren.

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