El futuro ministro de Economía, Martín Guzmán parece venir trabajando en su proyecto de gestión desde hace tiempo atrás. De sus trabajos presentados en el último tiempo se desprenden algunas medidas que servirían de guía para su trabajo al frente de la cartera que hoy conduce Sebastián Lacunza. 

Hay un conjunto de ideas, que contemplan postergar los pagos de capital e intereses hasta 2022, que forman parte del plan para la "sustentabilidad de la deuda" elaborado por el economista y que el presidente Alberto Fernández decidió adoptar, aunque los matices empezarán a develarse en las próximas semanas, estiman banqueros locales y fondos de inversión de Nueva York.

La propuesta incluye un punto que puede causar algo de ruido entre esos fondos de inversión: "Reperfilar los intereses" de la deuda contraída por Mauricio Macri. Esto puede incluir bajarlos -Guzmán considera que se tomó deuda a tasas altas y corto vencimiento- o estirarlos para que la carga de vencimientos se alivie.

La Argentina utilizaría esos dos años para converger hacia los superávits fiscal y comercial, que Guzmán considera "consistente con un reperfilamiento sostenible de la deuda, a una velocidad que no cree efectos macroeconómicos desestabilizadores", de acuerdo con una presentación sobre la deuda que realizó ante la ONU semanas atrás.

En la conferencia de prensa en la que presentó a su equipo, Alberto Fernández puso el acento en la importancia del superávit comercial, cuando habló de generar divisas, pero no dijo una palabra sobre la cuestión fiscal, porque podría ir a contramano de su promesa de subir jubilaciones y pensiones, salarios de los sectores que menos ganan y, en especial, sueldos de estatales.

En tanto, las negociaciones ya encaradas por Guzmán con el FMI buscarían convertir el crédito stand by de corto plazo ya concedido por US$45.000 millones, en otro de facilidades extendidas a una década.

Si bien Alberto Fernández no lo mencionó, la propuesta de Guzmán pone fuerte el acento en la necesidad de converger hacia un superávit primario, el que se contabiliza antes del pago de intereses de la deuda. La Argentina debe afrontar en 2020 vencimientos con acreedores privados por casi US$36.000 millones. Más de la mitad de los compromisos son en el primer semestre, aunque casi el 60% de esos pagos son obligaciones en pesos.

Para Guzmán, uno de los errores más serios que cometió el gobierno de Macri en materia de deuda fue subestimar el cierre de los mercados de deuda en 2018 y emitir demasiados títulos en dólares, que se triplicaron tras las fuertes devaluaciones. El futuro ministro sostiene que sólo cuando se cerró el acuerdo con los fondos buitre para salir del default en el arranque del gobierno de Macri, el Tesoro emitió deuda por unos US$30.000 millones.

El PBI acumuló dos años de caída, el tipo de cambio pasó de $20 a $60 en 18 meses y la tasa de desempleo subió al 10%, sostiene un reporte elaborado por el propio Guzmán días antes de que Alberto Fernández lo convoque a su gobierno.

El futuro jefe del Palacio de Hacienda considera inconveniente, además, cualquier intento de emisión de deuda cuando el riesgo país ronda los 2.500 puntos.

La mirada de Wall Street

Para Alberto Bernal, de XP Investments, un acuerdo con los bonistas que despeje los pagos en 2020 y 2021 sería suficiente para darle oxígeno a la economía y recuperar la sustentabilidad de la deuda y la confianza de los mercados.

En coincidencia con Guzmán, Bernal dijo que la Argentina tiene "un problema de liquidez, no de solvencia". "Las opiniones de Guzmán con respecto al FMI son bastante agresivas, pero sentimos que quiere ofrecer a los tenedores de bonos privados una oferta de reestructuración benévola", señaló.

Entre las principales urgencias financieras que debe enfrentar la Argentina figura el vencimiento de una Lete en dólares y bonos emitidos por la provincia de Buenos Aires sobre los cuales el equipo de Axel Kicillof se pronunciaría tras asumir el 11 de diciembre.

El FMI ya mostró voluntad de dialogar en las reuniones secretas mantenidas con Guzmán. Pero pretendería atar la reestructuración de deuda a un plan de equilibrio fiscal presentado con todo detalle.

Si eso ocurre, sostienen en el organismo, el FMI estaría dispuesto a ofrecerse hasta como aval para facilitar un acuerdo con los bonistas, algo que tiene pocos antecedentes en la historia de ese organismo multilateral.

Fuente: Noticias Argentinas