La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados aprobó con 13 firmas el proyecto de la nueva Ley de Alquileres, y de esta manera podrá ser elevada al recinto para su tratamiento.

El texto eleva el plazo del alquiler a tres años (actualmente es de dos), establece un nuevo mecanismo de actualización de los montos y ofrece un menú de garantías a elegir por el inquilino. Fue tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, y ahora buscarán que la iniciativa se pueda votar en el recinto antes del 30 de noviembre próximo.

La comisión que preside Daniel Lipovetzky (PRO), logró quórum pasadas las 14 para avanzar en el dictamen. Se trata de uno de los proyectos que figura en la agenda del actual gobierno y en la del presidente electo, Alberto Fernández, que viene postergándose desde hace tres años en el Congreso.

Entre los principales objetivos, la iniciativa busca reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y buscan establecer una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Por otra parte, se fija que el depósito de entrada sea de sólo un mes y con un monto no mayor al valor al primer mes de alquiler.

Se amplía también la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: ya no sólo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios. De ese menú de opciones, el inquilino deberá ofrecer dos alternativas, de las cuales el propietario aceptará una para formalizar el contrato.

A su vez, se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino. Incluso si hubiera algún gasto extraordinario incluido en las expensas ordinarias, también correrían por cuenta del propietario, de acuerdo con la iniciativa.

Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo tres meses de aviso previo.

Además, el proyecto obliga a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP, para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal.

También se agregó un artículo que establece que en caso de que un tercero medie en la relación contractual de alquiler, los únicos agentes reconocidos legalmente por sus incumbencias profesionales sean los corredores matriculados.

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