Es miércoles, poco antes de la primavera y, en el recinto de la Unicameral de Córdoba, se sanciona la Ley Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, como así también la adhesión a la ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina. “Sentí que me moría al escuchar eso que por tantos años estuvimos reclamando”, dice unas horas después Mario Barcena, que vive en el Campo La Libertad, un terreno de 13 mil hectáreas de montes, en cercanía de las Salinas Grandes en Quilino, que en 2014 fue subastado.

En esos márgenes quedó el hogar de una treintena de familias que siguen reclamando por la posesión ancestral. Para la Justicia la definición es “usurpación” y desconoce al derecho de los campesinos que viven y vivieron por generaciones en esas tierras. “Hubo una época en la que 200 vecinos estábamos imputados por vivir en nuestras casas”, cuenta Mario, que junto a Alberto Salas, y otros representantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), celebran la sanción de la ley pero, medidos y cautos, dicen: “Todavía nos falta, falta el territorio”.

“La tierra es un gran problema. Podemos tener la mejor producción pero si no tenemos la seguridad del territorio, de nada nos sirve. En esta ley, se habla de la función social de la tierra, que está bueno, pero ahora tenemos que ver en la práctica”, dice Alberto a La Nueva Mañana, que como Mario, recorre junto a una comitiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) distintas zonas rurales de Córdoba, en el marco de una misión de intercambio, formación y observación de Derechos Humanos y Derechos Campesinos.

En pocos días, el objetivo trazado para esta visita del CELS en Córdoba, fue el recorrido de comunidades campesinas cercadas por el agronegocio, víctimas de las fumigaciones y el cerco en avanzada de las fronteras agropecuarias, como en Los Bañados del Río Dulce, la costa de Mar Chiquita, donde se planea realizar el Parque Nacional Ansenuza, La Encrucijada, La Rinconada y La Escondida.

“El problema no es el título sino es tener una seguridad en la tenencia, el reconocimiento de la posesión ancestral, la posesión por años del territorio. En la lógica de pensamiento jurídico, desde las capitales, desde los centros de discusión del derecho, siempre se piensa en la idea de tener un título de propiedad”, explica Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del CELS, y agrega: “Pero lo que se exige, es una seguridad en la tenencia, en el desarrollo de sus actividades, y eso es un cambio profundo que hay que dar”.

El territorio, ese espacio campesino

Desde el 2012, el Centro de Estudios Legales y Sociales con sede en Buenos Aires, empezó a trabajar en conjunto con el Movimiento Campesino en el país, con la intención de establecer procesos de intercambio y en función de eso, pensar algunas líneas de trabajo en común.

Con esta lógica es que la organización no gubernamental inició una serie de recorridos en territorio con comitivas donde ya hicieron pie en Mendoza, Jujuy y ahora Córdoba. “Esas visitas de intercambio también fueron definiendo nuestra agenda”, dice Diego Morales. Y es en ese marco que el CELS durante su visita en Córdoba presentó un Amicus Curiae, en el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán Funes, por el caso de Ramona Bustamante, quien sigue resistiendo los intentos de desalojo de su chacra por parte de los empresarios Scaramuzza, que en algunas oportunidades lograron que su vivienda quedara aplastada por la maquinaria.

Ramona es símbolo de la vida campesina en Córdoba, en abril pasado fue distinguida en la UNC por su compromiso social y político y sigue, a los 93 años, defendiendo la identidad campesina. Es por ello que en el amicus curiae presentado, se remarcó “la necesidad de que la Justicia reconozca sus derechos sobre esas tierras y su protección específica por ser una mujer campesina que habita ese territorio”, explicó el CELS.

El sábado antes que se aprobara la ley de Agricultura Familiar, en el Campo La Libertad los vecinos hicieron una reunión para leer el proyecto y en el texto se encontraron con que no decía nada de los desalojos. “Esa es una de las cosas que más nos afectan, por eso seguimos insistiendo, todas las otras cosas sí son necesarias, y sí hacen falta porque son derechos nuestros pero primero, lo que nos falta es nuestro derecho a la tierra”, cuenta Mario y agrega: “Si no la tenemos no podemos venir acá a pechar por el tema del agua, la educación, la salud. Nos pasa que cuando logramos empatar y estamos festejando, ya nos metieron otro gol”.

Para Alberto cuando se habla de tierra, muchos hablan de propiedad privada pero "es importante hablar de territorio y hay que llenarlo de contenido con lo que hacemos, porque es esa función social de la tierra la que nos va a ayudar a salir adelante”, dice.

En esa línea el director del área de litigios del CELS, aporta: “Así como la propiedad de la tierra tiene que tener una función social, el Estado tiene que tener la función regulatoria en favor de aquellos sectores que están en una situación diferente con relación a actores poderosos que han logrado ventajas y beneficios”.

Para Morales, plantear que el Estado tiene que estar ahí, hacer cosas, bajar con distintas conversaciones, discusiones, asegurar un rol de participación de las propias comunidades, “es lo que va a permitir igualar un poco el avance del agronegocio”, porque la idea del Campo, simbolizado por la Sociedad Rural, no es lo mismo que el campesinado.

Parque Nacional Ansenuza y el área campesina

La Provincia, Administración de Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas impulsaron la creación del Parque Nacional Ansenuza, en el sector cercano a Miramar, la costa norte de la laguna Mar Chiquita y sectores de los Bañados del Río Dulce.

En términos sociales citadinos, el proyecto siempre fue visto con buenos ojos, recibió donaciones de la Fundación Wyss, y hasta fue promocionado en Londres. Sin embargo, en esos márgenes, no fue contemplada la forma de vida de más de 300 personas que llevan años asentadas en esos territorios.

“Si hay un parque nacional que no tiene en cuenta a la gente, no vamos a poder mantener un área campesina ahí. Ya hemos hecho presentaciones al Estado, y hemos tenido una conversa sobre el tema”, dice Alberto que plantea que afectará sobre todo, a las comunidades aledañas al Río Dulce.

El planteo de los campesinos tiene que ver con la posibilidad de convivir con reglas de protección ambiental del espacio, pero con la necesidad de que se reconozcan las formas de vida y producción campesina. “Parece tan obvio pero para preservar el ambiente, hay que preservar las formas de vida que los campesinos desarrollaron desde hace años y años”, dice el representante del CELS.

Desde el Movimiento Campesino plantean que en vez de un parque nacional, sea una reserva campesina, para que las comunidades puedan continuar con sus dinámicas de vida. “Estamos totalmente de acuerdo en que cuidemos la zona pero queremos que se contemple la vida de las personas ahí. No queremos que dejen su lugar y se vengan a la periferia de la Ciudad”, aporta Mario y agrega: “Hemos nacido ahí, sabemos hacer el trabajo ahí, no nos queremos ir. Somos campesinos y tenemos callos de tanto resistir”.

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