Detrás de Uber, el complejo desafío de ordenar el transporte cordobés

El intempestivo desembarco de Uber en la capital parece abrir muchas más heridas que las que se exponen a simple vista y que tienen como protagonistas a taxistas y remiseros en pie de guerra. Sobre el fin de la gestión de Ramón Mestre, la mayor parte de los actores políticos que se consultan buscando posibles salidas al conflicto señalan que la situación actual es fruto de años en los que los problemas en materia de transporte se fueron “pateando” hacia adelante, provocando un escenario caótico como el que se presenta en los albores del 2020.

Los colectivos

Se estima que son cerca de 300 mil pasajeros los que utilizan colectivos para movilizarse por el ejido urbano de la Ciudad de Córdoba. Concentrando en el centro, algunos servicios fueron perdiendo frecuencias (incluso dejando de existir en algunos casos) en los barrios más alejados. Las empresas argumentan que los servicios son deficitarios y la Municipalidad asegura realizar un “esfuerzo permanente” para lograr que los colectivos funcionen con normalidad. La caída de los subsidios, nacionales y provinciales hacen lo suyo, empeorando cada vez más la realidad de un sistema que parece quedar obsoleto ante el crecimiento de la demanda. Basta subirse a un colectivo en el centro de la ciudad, en hora pico, y tomar nota de la experiencia. Los problemas siempre se intentaron enmendar a partir de soluciones económicas que perjudicaron históricamente a los usuarios y, según dicen, tampoco lograron llevar tranquilidad a las empresas.

Cuando Mestre asumió su primera gestión, el valor del boleto era de $2,50. Superando ampliamente la inflación acumulada en 8 años, al cierre de dos mandatos, el costo es de $31,90 y nadie se animaría a afirmar que ese será el número con el que el radicalismo se despedirá del municipio.

Ni bien se autorizó el último aumento, los empresarios nucleados en la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) advirtieron que el incremento era “insuficiente” para solventar las obligaciones que se presentan a las empresas prestadoras del servicio en la capital provincial. En similar dirección, la semana pasada, la Federación de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) elevó una carta al presidente Mauricio Macri, en la que se solicita “una equitativa distribución del impuesto al gasoil” a nivel nacional.

“El llamado transporte público del interior del país, invisibilizado por todos, se despliega en el 99% del suelo patrio, y soporta sin asistencias suficientes, las impericias de una economía dolarizada, los aumentos desproporcionados de insumos vitales como son los combustibles, y recientemente tuvo que soportar la imposición por vía resolutiva de un aumento salarial compulsivo y forzoso, siendo todas funestas medidas del Estado nacional”, señalaron en la misiva en la que también se advierte que resulta “imposible seguir así”.

Vale recordar que el congelamiento de los combustibles anunciado por el Gobierno nacional (que se suspendió temporalmente el miércoles para permitir una suba del 4%) sólo rige para los precios minoristas. Así, el precio mayorista de nafta y gasoil continuó su curva ascendente con dos aumentos en el corriente mes: el 5 y el 13 de septiembre. “Ahí ya perdimos un peso por viaje respecto a los cálculos correspondientes al 1 de septiembre”, dice Gustavo Mira. En diálogo con La Nueva Mañana, el representante de los empresarios advierte que “el cálculo de la Municipalidad llegaba a los $34 y el nuestro superaba los $36”. “Nosotros, en nuestro cuadro tarifario tenemos un 62% que se va en sueldos y un 20% que se va en el combustible y esos rubros no sólo que son sensibles, sino que son de una atención urgente porque no es compensable con alguna reducción de servicio o algún achicamiento de gastos. Son variables inmanejables y tienen que estar fondeados con los ingresos”, dice Mira.

En cuanto al servicio, la Fetap aclara que el servicio “funciona” a pesar de que “hay prestatarias que no están pudiendo renovar la flota porque hoy es imposible comprar una unidad porque la economía está totalmente dolarizada y la chance de acceder al financiamiento es prácticamente nula por lo elevado de las tasas”. “Es todo parte de la realidad terrible que estamos viviendo”, señalan. También reconocen una baja en la actividad de entre el 5% y el 7% interanual, que no resulta demasiado significativa a la par de un promedio nacional en la que la caída supera, preocupantemente, los dos dígitos.

Las bicicletas

En medio de los intentos de repensar una nueva forma de movilizarse por la ciudad, a finales del 2018, el Concejo Deliberante también aprobó un Sistema de Transporte Público y Privado de Bicicletas. A través de él, la administración se comprometió a la creación de un subsistema dentro del área de transporte municipal compuesto por varias estaciones de distribución y estacionamiento de bicicletas, ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad, dispuestas para su alquiler y para transportarse dentro del ejido urbano. Su implementación representa otro de los grandes faltantes de la actual gestión. De hecho, ni siquiera se cumplió en un 100% el acuerdo mediante el cual la empresa a cargo del estacionamiento medido, Movypark, debía instalar bicicleteros a lo largo de la ciudad.

Dicho sea de paso, la hora de estacionamiento en el sistema que convive con naranjitas (habilitados y no habilitados) dispersos por todo el ejido cordobés, empezará a costar por encima de los $25. Es decir, $5 por encima del valor actual, lo que representa una suba del 25%. 

Taxis y remises

La movilización del jueves, que volvió a mostrar el ánimo de taxistas y remiseros en la capital provincial, da cuenta de una situación cuya salida está lejos de ser vislumbrada en un horizonte cercano. Luego de haber dilatado las discusiones durante casi tres años, la estrategia de la administración actual sólo parece basarse en un endurecimiento en materia de control y penalidad. Aunque lo cierto y concreto es que eso no parece hacer mella a Uber ni a los automovilistas que deciden convertirse en choferes de un momento a otro.

Tampoco los usuarios retroceden demasiado ante la opción de elegir entre un sistema novedoso y económicamente más conveniente y otro que, a la luz de su actual funcionamiento, cosechas más críticas que comentarios elogiosos. Y, por lo general, es más caro y menos cómodo.

Al remontar la memoria hasta la campaña electoral de mayo, aparecerá la propuesta casi unánime de poner en funcionamiento un ente regulador de servicios públicos, que está contemplado en la Carta Orgánica municipal desde el tiempo en que la ciudad era gobernada por Rubén Martí. Si la decisión de su puesta en marcha se hubiese tomado en tiempo y forma, posiblemente la situación límite se hubiese evitado ya que el control, en los papeles, podría haber contemplado algún tipo de exigencia mayor a la hora de garantizar la calidad del servicio.

Esa afirmación, claro está, no corre solamente para los taxis y remises sino para el servicio integral que expone algunas de las fisuras sobre las cuales se asentó el descontento de la población que tuvo un contundente mensaje en las elecciones del 12 de mayo.

La Comisión de Transición

Desde el lunes funcionará el Consejo de Transición en el que convivirán funcionarios de la gestión saliente con representantes de la administración que asumirá sus responsabilidades el próximo 10 de diciembre. Pese a que el intendente Mestre ya advirtió que quiere conversar (y en caso de ser posible acordar) con Martín Llaryora algún tipo de política que permita encontrar una salida al actual conflicto respecto a Uber, desde el peronismo aseguran que eso no sucederá.

La decisión está tomada tanto para lo que refiere a la aplicación como a cualquier otro tema sobre el que la actual gestión, que además tiene mayoría automática en el Concejo Deliberante, tenga posibilidades de accionar por los mecanismos institucionales pertinentes hasta el 10 de diciembre. Según confirmaron fuentes de Hacemos por Córdoba a La Nueva Mañana el espacio que funcionará hasta el traspaso de mando servirá para “tener en claro todos los datos necesarios para encarar la gestión, pero no para acordar políticas o pensar una especie de cogobierno”.

Así, lo central de la Comisión de Transición será conocer todo lo que gire en torno a la situación general del Palacio 6 de Julio respecto a las finanzas, al personal y los compromisos que el municipio haya asumido hasta el 10 de diciembre. “Y más allá de esa fecha también. No queremos encontrarnos con ninguna sorpresa”, advierten.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más 
en la edición impresa de La Nueva Mañana 
[ Todos los viernes en tu kiosco ]