Argentina deberá devolver unos u$s 46.000 millones al FMI como parte del acuerdo que le permitió al país evitar un default, lo que representará alrededor del 5% del Producto Bruto de cada año, según un estudio difundido este domingo por Ecolatina.

Desde mediados del 2018, el FMI desembolsó alrededor de u$s 45.000 millones, es decir, el 80% del stand by de casi u$s 57.000 millones acordado.

Al respecto, el informe señala que "si se cumplen los objetivos fiscales el organismo multilateral le girará u$s 5.500 millones al país antes de fin de año. En consecuencia, se habrá transferido casi el 90% del préstamo, por lo que será momento de empezar a pensar en su repago".

Entre 2022 y 2023, la Argentina debería devolverle al FMI más de u$s 46.000 millones entre capital e intereses, lo que implica 5% del PBI de cada año. Si a eso se le suma el calendario de pagos de bonos para esos períodos, el monto casi se duplica. En consecuencia, el Estado nacional enfrentaría vencimientos cercanos a un décimo del PBI.

Si bien la situación actual cercana al equilibrio primario del Sector Público Nacional reduce las necesidades de contraer nuevos compromisos, tampoco le alcanzará para generar superávits de semejante magnitud como para afrontar estos compromisos, advirtieron desde Ecolatina. Por lo tanto, una parte importante de los pasivos deberá ser refinanciada.

Como la mayoría de los compromisos está nominado en moneda extranjera, si el Estado Nacional no consigue esos dólares, posiblemente deba comprarlos en el mercado local, sumando así un factor de presión adicional al tipo de cambio.

El Fondo posee una modalidad: el Servicio Ampliado de Fondos, que se arregla con países que poseen problemas de balanza de pagos, es decir, una insuficiencia de moneda extranjera, tal como le sucede a la Argentina, y se focaliza en resolver la incapacidad del país para generar divisas netas y los problemas del Sector Público para comprarlas.

Además, si bien aporta fondos usualmente menores a los stand by, lo hace por un tiempo más prolongado (cuatro años) y con mayor plazo de repago (hasta diez años después de concretado el desembolso).

Por esta razón, los giros están supeditados al cumplimiento de criterios cuantitativos, como las metas fiscales, pero también a la aplicación ciertas políticas que contribuyan a estabilizar la macroeconomía.

"Considerando la situación actual de nuestro país, es probable que el próximo presidente electo tenga que avanzar en este esquema. Es tiempo entonces de ver cómo les fue a los países que requirieron un EFF, para adelantar qué podría pasarle a la Argentina en el corto plazo", concluyó la consultora.