La política de la Corte para terminar con la discriminación por género

La Corte Suprema de Justicia de la Nación diseñó políticas públicas para el Poder Judicial a fin de incorporar la perspectiva de género con el objeto de erradicar la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género.
 
La misma, que se lleva a cabo desde hace más de una década, está a cargo de la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, y se implementa a través de dos oficinas: de la Mujer y de Violencia Doméstica.
 
 
Oficina de la Mujer
 
La Oficina de la Mujer (OM) fue creada para impulsar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos a fin de lograr la igualdad entre varones y mujeres, tanto para las personas que utilizan el sistema de Justicia, como en el ámbito de las relaciones interpersonales de quienes lo integran. 
 
Lleva adelante un plan permanente de capacitación para los poderes judiciales del país y otros organismos del Estado en perspectiva de género, violencia doméstica, debida diligencia, factores e indicadores de riesgo en violencia doméstica, trata de personas, lenguaje y género, entre otras temáticas. 
 
Asimismo, viene desarrollando planes específicos de formación con perspectiva de género sobre las siguientes especialidades: jurisprudencia; economía e igualdad; estadísticas; acceso a justicia de los pueblos indígenas; relaciones laborales; poder judicial e identidad de género.
 
 
Trabajo articulado con los poderes judiciales
 
Por otra parte, la Corte Suprema estableció vínculos de cooperación con el resto de las jurisdicciones del país a fin de trabajar en forma integral. Hasta el momento, se han creado 24 Oficinas de la Mujer y de Género que capacitan de manera articulada y conforme con los estándares provenientes de las convenciones internacionales en la materia a sus propias jurisdicciones. 
 
 
Cumplimiento de la Ley Micaela
 
El taller de perspectiva de género creado por la OM fue validado por el Sistema de Naciones Unidas y declarado como “buena práctica” por la Organización de los Estados Americanos. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de Fabiana Túñez, reconoció el taller para cumplir con la denominada Ley Micaela (n° 27.499) y delegó esa capacitación en la Corte Suprema.
 
En total, se capacitaron en género a 38.000 agentes en todo el país. El Sistema de Naciones Unidas realizó una evaluación del impacto de las capacitaciones realizadas por esta Oficina, experiencia que fue considerada pionera en el mundo.
 
 
Investigaciones 
 
La Oficina lleva adelante investigaciones que han aportado al debate y a la planificación institucional para incorporar políticas de género inclusivas. En este sentido, ha elaborado, desde el año 2010, el Mapa de Género de la Justicia Argentina (fue replicado en Iberoamérica) que permitió revelar la brecha de género existente en todos los niveles del Poder Judicial. Este instrumento ha servido de insumo para la elaboración de numerosos proyectos legislativos y normativas de los consejos de la Magistratura para alcanzar la paridad de género.
 
Desde 2014, publica anualmente el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina que ha permitido determinar la cantidad de mujeres asesinadas por motivos de género en nuestro país. Ese registro recaba datos de causas, de víctimas y de sujetos activos que resultan fundamentales para que el Estado pueda desarrollar políticas públicas preventivas. La experiencia también se llevó a cabo en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
 
 
Base de Jurisprudencia
 
La OM ha creado, hace siete años, la Base de Datos de Jurisprudencia de género con el objeto de recopilar los decisorios en esa materia de todo el país. Esta herramienta, junto con la Guía interactiva sobre estándares internacionales de derechos de las mujeres, han sido incorporadas a nivel regional por los países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, en reconocimiento a su alto nivel de calidad.
 
En 2018, la Corte modificó esta Base de acuerdo a los estándares recomendados por la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal.  
 
 
Oficina de Violencia Doméstica
 
La política de género y acceso a justicia del tribunal se completa con la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), cuya responsable también es la ministra Highton.
 
En 2019, esta Oficina cumplió una década de trabajo ininterrumpido, con atención durante las 24 horas, todos los días del año, inclusive fines de semana y feriados.
 
Los casos son atendidos por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de las ramas del derecho, la psicología, la medicina y el trabajo social. 
 
Desde su creación, procesó 104.146 denuncias. Desde entonces, el crecimiento de la demanda de atención en la Oficina ha ido en aumento. Frente a esta realidad, la Corte Suprema asumió una política activa y otorgó mayores recursos a esta dependencia. 
 
En este sentido, en 2008 la integraban 72 personas (que ingresaron por convocatoria pública) y, en 2018, 183, lo que evidencia el compromiso del Tribunal por brindar una respuesta efectiva y oportuna a esta temática.
 
Para mayor información sobre estas oficinas consultar las siguientes páginas web: www.oficinadelamujer.gob.ar y www.ovd.gob.ar