En la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Córdoba se aprobó el proyecto que impide ejercer funciones públicas en la esfera municipal a quienes hayan sido condenados por violencia de género. La iniciativa fue impulsada por el bloque Vamos.

Por unanimidad, los concejales acordaron la modificación de la ordenanza 10.754, que refiere al Código de Ética para el ejercicio de la función pública. El proyecto establece que "toda persona condenada mediante sentencia judicial firme por delitos vinculados con la violencia de género no podrá ejercer función pública en el Estado Municipal".

"Existía una ordenanza (12.466) impulsada por una concejala oficialista que sostenía que los empleados no debían tener una sentencia. Y nosotros consideramos que no debe haber funcionarios sentenciados por violencia de género en toda la planta municipal. Velar por una protección clara de los derechos de las mujeres es una política de Estado", expresó la edil Eugenia Reales.

Además, quedó aprobada por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, conocida como Ley Micaela, de capacitación obligatoria de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. De esta manera, la legislación también se aplicará a nivel municipal.

La iniciativa también fue impulsada por el bloque Vamos. "La violencia de género es una cuestión de Estado. Micaela García era una joven estudiante de Educación Física de Gualeguay, Entre Ríos, asesinada en 2017. Queremos que se desarrollen capacitaciones en el Estado municipal", sostuvo Reales.

Por su parte, la edil Terré recordó la aprobación en el Congreso de la Ley Nacional Micaela. "Hay cuestiones transversales que nos superan a todos. La perspectiva de género busca examinar el impacto en la sociedad y desnaturalizar desde el punto de vista teórico la construcción social sobre lo que cada persona debe o puede hacer de acuerdo a cada género. Es fundamental capacitar en el ámbito municipal sobre esta temática", afirmó.

Por último, en el marco de la Ley Nacional Brisa, el Concejo Deliberante declaró a Córdoba como "Ciudad protectora de niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar o de género". El proyecto contempla una cuota mensual para aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de ese tipo de violencia.