La resolución del TSJ de la semana pasada, de frenar las obras para la instalación de un predio para el tratamiento de residuos sólidos entre la Ruta Nacional Nº 36 y la Ruta 5, sigue dejando capítulos.

Esta mañana concejales de los bloque opositores ADN y Fuerza de de la Gente, recorrieron el predio de Piedras Blancas, donde actualmente se llevan los residuos de la capital cordobesa y de 20 municipios más para observar las condiciones.

Según manifestaron los legisladores de la oposición la visita fue “para comprobar el estado en el que se encuentra el predio plantear las consultas pertinentes al intendente Ramón Mestre acerca de si tiene un Plan B para esta problemática que es tanto ambiental como sanitaria”.

En un comunicado, los legisladores señalaron que “comprobaron que la situación es sumamente grave porque el predio está llegando al límite de su capacidad”, sumado a la decisión del Tribunal Superior de Justicia que frenó las obras para la instalación de CORMECOR.

También enfatizaron que el intendente “Mestre no tiene una solución o un Plan B para el problema de la basura en Córdoba”. 

Por el bloque de ADN estuvieron Tomás Méndez, Santiago Gómez y Davis Urrera, y Por Fuerza de la Gente, Fernando Masuchi. En tanto que por el oficialismo estuvieron Lucas Balián y Juan Balastegui.

En el predio de enterramiento fueron recibidos por Javier Mórrison, jefe del predio por parte del ESOP.

El jueves pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó parcialmente la medida cautelar vigente por lo cual la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba SA (Cormecor) deberá “abstenerse de emprender obras civiles de una planta de tratamiento de residuos en Santa Ana".

El máximo Tribunal rechazó parcialmente el recurso de apelación que había promovido Cormecor y remitió las actuaciones a la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, donde se tramita la causa, a la que recomendó “su pronta resolución”. La medida cautelar había sido dictada a raíz de un recurso planteado a fines de 2016 por un grupo de vecinos.

En su recurso, Cormecor sostenía que los derechos a un ambiente sano y a la saluda de la población no se encontraban en riesgo y, por ende, la medida cautelar debía ser levantada.

No obstante, de acuerdo con el TSJ, "es indudable que la cuestión discutida repercute directamente sobre el interés general y la salud pública de parte de la población, en tanto el conflicto de intereses podría poner en riesgo el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano por lo que conforme dicha proyección -en principio- resulta pertinente la confirmación parcial de la medida cautelar oportunamente dispuesta”.

Como “la sustanciación de la cuestión principal” se encuentra en la Cámara Contencioso Administrativa, el TSJ consideró “acertado y prudente mantener parcialmente vigente la medida cautelar”.