Familiares de desaparecidos reclamaron al Gobierno el acceso a información
Un grupo de hijos y familiares de desaparecidos exigió al Gobierno que busque en archivos de diferentes estamentos del Estado información relativa a las víctimas del terrorismo de Estado.
“Los archivos de la última dictadura existen así que les corresponde a los familiares de las víctimas contar con esa información”, aseguró la abogada del Ceprodh y legisladora porteña Myriam Bregman, quien patrocinó el pedido que la hija de Rodolfo Walsh y el hijo de Roberto Santucho, entre otros, realizaron ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Según informó Página|12, de no contar con una respuesta satisfactoria en dos semanas, la solicitud será elevada ante la Justicia.
El pedido se enmarca en la aplicación de la Ley de Acceso a la información pública impulsada y votada durante la gestión de Cambiemos.
Bajo su patrocinio, Patricia Walsh, Mario Santucho, Alejandrina Barry, Gloria Pagés Larraya y Andrea Robles le exigen a la Agencia que busque en varios estamentos del erario público, como la Cancillería, las fuerzas militares y de seguridad y sus agencias de inteligencia, entre otros, datos referidos a sus padres, madres y familiares que hayan sido recolectados durante la dictadura y los años anteriores, cuando la Triple A perseguía a militantes políticos, sociales y gremiales.
Se trata de hijos mayores de los 40 años y que, aún hoy, no tienen información certera sobre el destino de los restos de sus familiares, en algunos casos ni siquiera dónde estuvieron secuestrados.
Patricia, por ejemplo, solicita datos sobre el paradero del cuerpo de su padre, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, así como el destino de la obra inédita que la patota que lo secuestró se robó de su casa de San Vicente.
“Se dice que el cuerpo de Santucho fue exhibido por el general Bussi en Campo de Mayo como ‘trofeo de guerra’ en lo que llamaban ‘Museo de la Subversión’, pero hasta el día de hoy se desconoce su destino”, señaló Bregman.
El pedido, el primero de varios, asegura Bregman, se basa en tres elementos. El primero es la propia ley de acceso a la información. El segundo es un fallo reciente de la Corte Suprema en el que le da la razón a un periodista (Claudio Savoia) en su pedido de acceder a una serie de decretos secretos de la última dictadura. El tercero lo conforman las más recientes desclasificaciones de archivos que realizó Estados Unidos por pedidos de organismos de derechos humanos.