Autovía de montaña: vecinos reclamarán por auditorías ambientales
Vecinos autoconvocados y organizaciones sociales de Punilla realizarán una concentración este viernes desde las 11 frente a la Secretaría de Ambiente provincial (Avenida Ricchieri 2187) pidiendo el cumplimiento de las auditorías ambientales, la anulación de la licencia ambiental para el segundo tramo de la obra y la participación ciudadana en las decisiones.
Allí, entregarán un petitorio con esos tres puntos, como lo explicó a La Nueva Mañana el biólogo Fernando Barri, de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa).
"El primer tramo generó impactos mayores a los previstos y eso se debe comprobar a través de las auditorías. Como el Gobierno provincial no las realizó, se les solicita que las realicen de manera urgente para saber los daños no previstos en el proyecto, para ver cómo remediarlos", dijo.
Sobre el segundo punto, el profesional sostuvo que pedirán la baja a la licencia debido a que sigue activa aunque la Provincia paralizó las obras por pedido de los vecinos. "Es un riesgo que con la licencia, después de las elecciones quieran volver a avanzar rompiendo la montaña", afirmó.
Finalmente, pedirán tener participación con respecto a la planificación territorial: "si quieren más caminos, menos caminos, más escuelas, más hospitales, etc. Que el territorio no lo defina solo el mercado", finalizó Barri.
La Justicia resolvió no hacer lugar a la medida cautelar
La Cámara de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba, en fallo dividido resolvió por el momento no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos consistente en la paralización de las obras de la autovía, hasta que se realice un Estudio de Impacto Ambiental acumulativo.
Tuvo en cuenta para así decidir, el compromiso del Gobierno provincial de reestudiar otras opciones distintas a la pedemontana, aclarando que no hace lugar a la medida, “habida cuenta que la demandada no ejecutará obra alguna hasta tanto se estudien nuevas alternativas”.
En el voto de la minoría, la doctora María Inés Ortiz de Gallardo, consideró que se “justifica el acogimiento de la pretensión cautelar con el alcance de ordenar a la Autoridad de Aplicación de la Ley 10.208, que exija y fiscalice la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo, en vistas a una determinación acumulativa del impacto ambiental global y no simplemente parcial, en cuanto a la magnitud de la obra, su extensión y elementos del ambiente susceptibles de afectación".