El bloque oficialista en la Legislatura porteña aprobó en primera lectura un proyecto que legaliza las rejas instaladas el año pasado en la Plaza de Mayo por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que la justicia había declarado ilegales. Para el blanqueo del montaje realizado durante la remodelación de la histórica plaza, los legisladores introdujeron la primera excepción al Código Urbanístico aprobado sólo cuatro meses atrás.

Sin embargo, para el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Jonatan Baldiviezo, quien presentó el amparo por el cual el juez Osvaldo Otheguy declaró “la ilegitimidad de la instalación” de las rejas, “la aprobación de la ley no las vuelve legales, porque la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, cuya decisión es vinculante, las rechazó”. “Siguen violando una ley nacional”, advirtió.

El proyecto impulsado por el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, que deberá pasar por audiencia pública antes de volver al recinto para la segunda lectura, fue aprobado con los 32 votos de la mayoría automática con que cuenta el oficialismo, y 24 en contra, según publicó Página 12.

La normativa introduce modificaciones al Código Urbanístico para regularizar el polémico vallado que instaló el gobierno sin contar con una ley previa ni la aprobación de la Comisión de Monumentos. El proyecto aprobado permite la colocación del ya existente “cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia. Por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista”. 

La polémica por las rejas de la Plaza, que es parte del denominado “Eje Cívico” de la ciudad y zona protegida como Lugar Histórico Nacional –Decreto N° 122. 096/42–, comenzó en mayo de 2018, cuando el gobierno avanzó con la instalación del enrejado que actúa, según denunció el ODC, como “una fragmentación permanente de un Monumento Histórico Nacional”, en un área protegida por normativas específicas del Código de Planeamiento Urbano, vigente en ese momento.

Tras el amparo presentado por el Observatorio, junto al Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas, el juez de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8 declaró la “ilegitimidad” de las rejas y otorgó un plazo de 90 días al gobierno para que sancione una ley que apruebe la instalación de las mismas o que las retire y restablezca “el estado anterior de la Plaza de Mayo”.

“El gobierno avanzó sin autorización con la instalación, y ahora, para cubrir un acto de ilegalidad de sus funcionarios, que incurrieron en los delitos defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público por violar leyes de la ciudad y destinar fondos para una obra ilícita, pretenden aprobar esta ley”, remarcó Baldiviezo.

El letrado, además, recordó que el gobierno “incurrió en dos violaciones:  saltear a la Legislatura y obviar a la Comisión Nacional de Monumentos. Y si bien esta ley puede subsanar la ilegalidad a nivel Ciudad, no lo hace respecto a la ley nacional. El rechazo de la Comisión, que tiene la facultad de regulación sobre todos los bienes declarados históricos, no es una mera opinión sino que es vinculante. Por eso, aunque se sancionara la ley seguirían violando la protección nacional que se le da a la Plaza y eso está apelado en la justicia”, advirtió el abogado, quien remarcó que el gobierno “no pueden decir que no hay ilegalidad”.

En ese sentido, el ODC apuntó que “la ética política del gobierno de la ciudad consiste en modificar las leyes cuando lo descubren actuando ilegalmente sin consideración de las razones que llevaron a la creación de la normativa violada”. Y remarcaron que “la instalación de la reja fue ejecutada a pedido de la Casa Militar y en contra de la opinión de la Comisión Nacional de Monumentos. Queda claro que el objetivo no es ‘proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano’, sino ejercer más control sobre la ciudadanía”.

Fuente: Página 12.