La asistencia económica, clave para proteger a víctimas de violencia de género

La dependencia es un factor determinante en la relación víctima-victimario. El alcance de las políticas públicas y las dificultades a la hora de implementarlas en el interior, uno de los principales desafíos.

En un contexto en el que el número de denuncias crece, un punto clave es la dependencia económica y patrimonial de la víctima.

La coacción para limitar la autodeterminación de la víctima es uno de los tipos de violencia señalados en la Ley Nacional Nº 26.485 y en la Ley Provincial Nº 9283. Todas las acciones que impliquen un daño, la pérdida o la transformación de bienes, documentos y recursos que impidan cubrir las necesidades básicas de la víctima son consideradas situaciones de violencia cotidiana.

En la provincia de Córdoba, el Estado en sus diversos niveles implementa acciones con el objetivo de paliar las consecuencias de este flagelo. Pero los programas y múltiples respuestas no llegan a cubrir las necesidades de las personas vulneradas.

Cuidar a quien cuida

La trabajadora social Claudia Lenis, quien cuenta con una vasta experiencia con esta problemática en la ciudad de San Francisco, reflexionó sobre la incidencia de la cuestión económica en las víctimas.

“A quienes viven problemáticas de violencia de género, la vida cotidiana se les vuelve muy difícil. Generalmente son mamás que tienen a cargo la crianza y el acompañamiento en una etapa muy vulnerable del crecimiento de sus hijos y deben seguir andando en la vida diaria”, señaló.

“El Estado y las instituciones le manifiestan a la persona que debe tomar decisiones, pero esas decisiones arrastran de alguna manera a todo el grupo familiar. El Estado y las instituciones intermedias tenemos que tratar de cuidar al que cuida”, recalcó.

Un camino de salida

“Sin recursos es imposible reiniciar una vida”, dijo la secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la Provincia, Claudia Martínez. Pero no solo se trata de dinero. Se trata de darle posibilidades de restañar las heridas que le genera la violencia, a través del apoyo económico, la contención psicológica y la formación para rehacer su vida.

Es por ello que, en una primera etapa se brindan tres líneas de ayudas económicas. Una es de 3.000 pesos por tres meses, para la emergencia.

El trabajo territorial

La Nueva Mañana realizó un relevamiento en las principales ciudades del interior provincial. Allí se advierten acciones que surgen como paliativos a la problemática de la inserción laboral de la víctima aunque insuficientes en algunos casos.

En la ciudad de Río Cuarto, la Subsecretaría de la Mujer articula programas con el Gobierno provincial. En tal sentido, Sara Bergessio, titular de esa dependencia, refirió que son 200 los casos que requieren la atención de la estructura municipal y la red institucional de contención que cuenta con un refugio temporal para víctimas de violencia de género.

“La gente se está involucrando, no como quisiéramos, pero por eso salen a la luz problemas que ya son de todos, no solo de un Estado”, apuntó.

En Villa María recientemente se inauguró un albergue que permite alojar a las víctimas que deben salir de su hogar. En materia de promoción de empleo para la mujer, el municipio suma a los programas provinciales la promoción de organizaciones de economía social vinculadas a la formación para el trabajo en los rubros más diversos.

En la localidad de San Francisco, entre fines de 2015 y el primer trimestre de 2017, pasaron 60 personas por los programas que se ofrecen a través de la Dirección de Empleo.

Se trata de propuestas que bajan del Ministerio de Trabajo de la Nación. Una de ellas consiste en un aporte de 300 pesos durante 24 meses. En caso de acceder a una capacitación en oficios del organismo federal, se percibe un beneficio de 900 pesos mientras dure el curso. Además hay un sistema de práctica laboral que dura de 4 a 6 meses, con un aporte de 3.600 pesos por mes, por 4 horas de trabajo en empresas. El municipio posee un taller de costura que también se ofrece como alternativa para la capacitación.
En Marcos Juárez, a nivel municipal, se complementan los programas provinciales con el acceso a un ropero comunitario que sirve de salida laboral temporal.
Para Selene Puchetta, referente del colectivo “Ni Una Menos”, en esa ciudad del sudeste cordobés el panorama difiere mucho al comparar el acceso a estas posibilidades en las ciudades grandes respecto a las pequeñas localidades de la región.
Este apunte se puede trasladar a otros puntos de la provincia.

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