La Legislatura de Córdoba trataría este miércoles el proyecto de Ley 26.930, para adherir a la ley nacional 27.304, que le permitirá a la Justicia aplicar la institución de la delación premiada para casos de corrupción que impliquen a la administración provincial.

El objetivo es "darle a la Justicia de Córdoba una herramienta nueva que es la posibilidad que un imputado se arrepienta bajo determinadas condiciones y en el caso de dar datos verídicos que acompañen a la investigación va a tener una reducción en la pena", explicó el legislador Javier Bee Sellares (bloque UCR), autor de la iniciativa, a La Nueva Mañana.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General firmaron el despacho del proyecto que en los fundamentos, además, destaca: "Solo basta con observar los logros judiciales a nivel nacional en la investigación de los hechos de corrupción para afirmar que esta figura ha sido indispensable y sumamente útil para la lucha contra la corrupción y la impunidad".

El proyecto impulsa dos figuras que no están presentes en la legislación nacional. Se trata de la restitución de bienes o del dinero que la persona encontrada culpable haya obtenido por delitos de corrupción y de la prisión preventiva para aquellos que brinden falso testimonio, ya que se consideraría como entorpecimiento a la investigación.

"Uno de los requisitos que tiene que cumplir ese arrepentido es devolver lo que se llevó por cometer el delito. Además, se agrega la prisión preventiva en el caso de que el imputado haya faltado a la verdad", agregó.

Bee Sellares remarcó que los delitos del Codigo Penal que pueden incorporar la figura del arrepentido "son muchos", pero que la mayoría se juzgan en la órbita federal. "Los delitos dentro del ámbito provincial tienen que ver con organizaciones criminales, pero principalmente con delitos contra la administración pública", dijo el legislador.

De esta forma, la normativa cordobesa que podría ser aprobada este miércoles sería más estricta que la nacional.

Además, Bee Sellares aclara en el proyecto que la aplicación de la ley no significa que el inculpado no irá a prisión. "Los arrepentidos pueden llegar a cumplir prisión efectiva en caso de ser condenados. Puede suceder que el arrepentido esté en prisión preventiva y luego ingrese en la negociación, o puede ser que ingrese en la negociación e igual se le dicte la prisión preventiva, porque los delitos que se le imputan son muchos o de muy alta escala penal que no permiten la libertad anticipada", se lee en la iniciativa.

"Por lo que ha dicho el oficialismo, van a acompañar el proyecto junto a Cambiemos, por lo que que se alcanzará la mayoría. Ojala otros bloques más también lo voten", finalizó Bee Sellares.