El gobierno nacional giró este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que agrava las penas de prisión a los barrabravas y que será incorporado al temario de Extraordinarias en la sesión que se realizará el próximo jueves 6 de diciembre.

La iniciativa denominada "Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Deportivos" contiene 29 artículos, contempla imponer fuertes penas a la violencia en cualquier partido de fútbol amistoso o profesional organizado por la AFA, la COBMEBOL o la FIFA.

El proyecto, que fue reflotado tras los graves incidentes ocurridos el fin de semana pasado en ocasión del Superclásico entre River y Boca, tipifica como delito por ejemplo que los dirigentes de los clubes puedan entregar entradas a estos grupos violentos.

En ese sentido, el proyecto señala que se impondrán penas de dos a cuatro años a los dirigentes, organizadores, o responsables de los eventos deportivos, que entreguen entradas a los barrabravas en forma gratuita.

Otro punto clave es que el derecho de admisión no será efectuado por los clubes sino que será desempeñado por el Ministerio de Seguridad. Al respecto señala la norma que Seguridad podrá "prohibir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona cuando por razonables pautas objetivas y debidamente fundadas considere que pueda generar un riesgo para la seguridad pública".

El proyecto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros de Justicia Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, apunta a erradicar el accionar violento de "barras bravas", y a penalizar a los dirigentes que financian a esos grupos.

Otro punto central del proyecto establece que "se impondrá prisión de cuatro a diez años al que integre un grupo de tres o más personas que "esté destinado a cometer con habitualidad cualquiera de los delitos" en los estadios de fútbol. Agrega que a "los fundadores, cabecillas, jefes, organizadores o quienes hayan contribuido a la financiación de dichos grupos" la pena mínima será de seis años.

También se condena con un año de prisión la venta irregular de entradas, pero esta pena se eleva al doble si se realiza en las inmediaciones de los estadios de fútbol.

Otro punto central de la iniciativa es que se penalizará con seis meses a tres años de prisión a las personas o grupos que "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes e instalaciones afectadas a los mismos, hacia o desde los estadios, con motivo o en ocasión del espectáculo futbolístico".

A lo largo del proyecto se establece que será condenado con prisión de tres a seis años a quien tuviera en su poder, o trate de introducir a un estadio, armas blancas, piedras, botellas, y otros instrumentos contundentes, artefactos químicos o cualquier otro elemento para "ejercer violencia".

Esta pena se eleva de cuatro a ocho años cuando una persona tuviera en su poder productos asfixiantes o tóxicos, o a la persona que intente ingresar en los estadios armas de fuego aunque cuenten con la autorización para portar armas.

También contempla que la prisión se puede aumentar de cinco a diez años cuando una persona, o grupos de personas intente ingresar a un estadio de fútbol con armas de guerra o artefactos explosivos.

Las mismas penas se aplicarán a "los protagonistas u organizadores que consintieren guardar en el estadio, predio o lugar del espectáculo futbolístico, las armas blancas, las armas de fuego o artefactos explosivos".