Cobertura: Florencia Gordillo

El único detenido y principal acusado en el juicio por irregularidades en la financiera Cordubensis en la llamada Causa CBI, Eduardo Rodrigo, declaró este miércoles en la segunda audiencia que se desarrolló en Tribunal Federal Oral Nº 2.

En su testimonio, Rodrigo negó que haya habido "intermediación financiera". "No existió ningún engaño para que la gente se acerque a la empresa y su dinero nunca dejó de ser de su propiedad", aseguró.

El empresario sostuvo que "el delito no se configuró" porque prestaban dinero con "capital propio que conformaba el patrimonio de Cordubensis".

El Banco Central de la República Argentina investigó 157 operaciones realizadas por la financiera pero Rodrigo las redujo a 131, al descartar las anteriores al 2012, cuando aún no había entrado en vigencia el delito de intermediación financiera clandestina no autorizada.

La principal sospecha es que la financiera funcionaba como un banco clandestino. En ese sentido, Rodrigo aseguró: "No hay ninguna operación con proceso de trazabilidad que se haya sostenido con el tiempo. Tampoco se pueden lavar activos que sean lícitos. La empresa tenía un objeto lícito, una actividad lícita".

Respecto a la operatoria de la financiera, el empresario señaló que los ahorristas aportaban dinero que habilitaban su uso para un "goce momentaneo" y que se contaba con capital propio con el que realizaban préstamos. Sin embargo, para la acusación, CBI captaba dinero para hacer esos préstamos, una operatoria que sólo pueden realizar los bancos. 

Además de negar esa intermediación, Rodrigo explicó que en la investigación no se determinó qué dinero provenía de depósitos de clientes y cuál era el dinero propio de la financiera.

También se refirió a los ahorristas que denunciaron a Cordubensis por estafa. Rodrigo señaló que el juez, cuando determinó la quiebra de la empresa, dispuso que "el 64% de los casos no tenía deuda ni existía deuda en moneda extranjera".

"No hubo intermediación financiera clandestina sino mediación. (Para que se configure el delito) los depositantes deberían haber transferido su propiedad. Y cuando presentaron la denuncia contra CBI dijeron que eran propietarios del dinero y que sólo habían autorizado el uso y goce momentáneo".

Representando a 62 de los 66 ahorristas presuntamente defraudados por CBI se encuentra el abogado Carlos Nayi.

En tanto, el tribunal estará presidido por Jorge Fabián Asís e integrado por Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, mientras que la acusación quedará a cargo del fiscal Carlos Gonella, ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Cabe recordar que los fiscales pretenden probar que Rodrigo cometido los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos agravada, evasión tributaria agravada, estafa y defraudación por intermediación indebida.

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