La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires apartó al juez federal Sebastián Casanello de la causa que investiga los supuestos aportes truchos a la última campaña electoral de Cambiemos en esa provincia y ordenó remitir el expediente al juez electoral de La Plata, Adolfo Ziulu. De esta manera, quedó anulada una de las investigaciones por presunto lavado de dinero y dádivas contra el oficialismo. 

De esta manera, el juez Martín Irurzun hizo lugar al pedido que realizó el fiscal Carlos Stornelli evitándole un dolor de cabeza aún mayor a Cambiemos en el territorio bonaerense porque si el expediente hubiese continuado bajo el fuero federal se abría la posibilidad la tipificación de delitos penales más graves que los estipulados en los infracciones electorales. 

La investigación apunta a determinar cómo personas que no dieron el consentimiento ni tienen condición económica suficiente figuran como aportantes de la campana electoral de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires, la que llevó como candidatos principales a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. 

Vale recordar que Casanello es uno de los jueces que intervino inicialmente en la causa, pero por casos similares hay expedientes en manos de su par de La Plata Ernesto Kreplak y en la jurisdicción de Ziulu. 

La hipótesis de Casanello es que los listados de aportantes a la campaña fueron confeccionados con los nombres de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero que habían aportado en realidad personas que no querían figurar o bien empresas, lo que está vedado por la ley electoral.

Sin embargo, el juez electoral Ziulu le había reclamado la competencia del caso tanto a Casanello como a Kreplak, en línea con lo pedido por el secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del partido PRO.

El propio Casanello había rechazado el planteo, pero ahora la Cámara Federal lo corrió del caso. En su resolución, Irurzun entendió que la causa debe ser investigada en La Plata porque Cambiemos se encontraba constituido por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria en el distrito bonaerense. 

En ese contexto, el magistrado consideró que la Provincia "fue presentada como sede" donde se demostraron los informes de campaña y "donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio".

"No conmueve lo expuesto la circunstancia de que una parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social", deslizó Irurzun en su resolución. Asimismo, el magistrado echó por tierra la hipótesis de investigación de Casanello al considera que la suposición de que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la ANSES o del Ministerio de Desarrollo Social "no alcanza por sí misma". 

Como era de esperarse desde la Fundación La Alameda, principales impulsores de la denuncia por los aportantes truchos, cuestionaron la decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires. "El fallo es pura impunidad. Irurzun evita que el poder político y económico de Cambiemos sea investigado por lavado de dinero, el robo de identidad no sólo de personas humildes sino también de empleados del Estado y empleados de empresas contratistas del Gobierno", lanzó Ximena Rattoni integrante de la organización.