Los salarios, las jubilaciones, las pensiones, los subsidios al sector productivo, a la salud y a la educación se llevan más de la mitad de los gastos corrientes del Estado.
País 21/05/2018 Facundo Piai
Por: Facundo Piai - Especial para La Nueva Mañana
Luego de una devaluación de más de 20 por ciento, con intervenciones del Banco Central vendiendo miles de millones de dólares de sus reservas para postergar la corrida cambiaria, y de conocer que el Gobierno negocia un crédito con el FMI, se generaron diferentes versiones sobre el devenir de la economía. Algunos analistas adeptos al libremercado barajaban la posibilidad (o deseaban) que el Fondo no condicionara la política económica de Cambiemos para no perjudicar la imagen política de un gobierno afín al bloque occidental y la libertad de mercado, en un contexto regional en donde quienes gobiernan desde esa doctrina están sumando problemas a sus economías y debilitándose en términos políticos. La conferencia que el Presidente dio en la Quinta de Olivos tira por tierra esa posibilidad.
El miércoles de la semana pasada, Mauricio Macri reconoció que el Fondo impondrá condicionamientos para prestarle dinero. Si bien no dio a conocer cuáles son los pormenores de las negociaciones, admitió que el FMI pide como “garantía” una reducción del déficit fiscal. El mismo Presidente afirmó: “Tenemos que acelerar (el ajuste) porque el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no es suficiente en términos de garantizar que vamos a hacerlo con la seriedad y profundidad que se necesita”.
Más allá de que el Presidente dijo que el organismo multilateral no especificó qué erogación en particular deberían ajustar, lo cierto es que en la misión que técnicos del organismo llevaron a cabo el año pasado en la Argentina, posibilitada por el artículo IV del FMI, sugirieron ajustes de todo tipo. El personal del Fondo consideró “esencial” reducir el gasto en “salarios, pensiones, transferencias sociales” y otras “transferencias discrecionales a las provincias”. También recomendaron una “modernización del mercado laboral”, que implica reducción de indemnizaciones y facilidades para despidos masivos, a la par que proponen la negociación salarial por empresa.
Por otro lado, basta con ver cuáles son las mayores erogaciones del Estado nacional para darse una idea de las categorías del gasto que se verían afectadas. Hay cuatro categorías que representan más de la mitad de los gastos corrientes del Estado. De acuerdo a información del Indec, las prestaciones de seguridad social, en el año 2016, representaron un 33% del gasto total, el gasto de consumo un 14%, en concepto de remuneraciones el Estado gastó un 10% y en transferencias corrientes al sector privado un 18 por ciento. De lo anterior se desprende que salarios, jubilaciones, pensiones, subsidios al sector productivo, salud y educación se llevan la parte del león del gasto corriente. En consecuencia, “acelerar” el ajuste, tal cual le pidieron los mercados a Macri, implicará, necesariamente, recortes en estas áreas.
Ahora bien, profundizar la reducción del déficit no tiene efectos neutros en la economía. “Acelerar” el ajuste tiene repercusiones directas e indirectas sobre el empleo. Por caso, una reducción de las remuneraciones que el Estado paga implica reducir el número de trabajadores que dependen del Gobierno nacional. En tanto que achicar los subsidios al sector productivo trae aparejado una pérdida de competitividad que termina con reducción de personal, disminución de sueldos para todo el entramado de trabajo en negro o, directamente, cierre de unidades productivas. Asimismo, una baja en las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales, repercute negativamente en la capacidad de consumo de vastos sectores de la sociedad. En efecto, las consecuencias del ajuste merecen especial atención porque destruyen consumidores y el consumo es la base sobre la cual reposa la economía Argentina. De acuerdo a información de Indec del año 2016, el consumo representa alrededor del 70% del PBI.
A todo esto, el panorama de estos cinco meses nos dice que tenemos elevada inflación, una devaluación que implicó la diminución del salario real en dólares (a principio de año el salario mínimo equivalía a USD 528, hoy, los diez mil pesos del salario mínimo representan 400 de la moneda norteamericana), precios nuevos con salarios viejos, tasas de interés que paralizan la economía real con una burbuja especulativa montada desde el Central que se lleva gran parte del dinero de la economía. La “timba financiera” que generó este Gobierno, sumada a la quita de restricciones cambiarias, hicieron que muchas empresas reduzcan personal (pese a obtener alta rentabilidad) solo para contar con más dinero a disposición con el fin de invertirlo en el oneroso negocio que les propone el BCRA. En este panorama complejo, “acelerar el ajuste”, lejos de descomprimir la situación, agrega problemas. ¿Esto quiere decir que podemos vaticinar que la economía de este año será recesiva? No necesariamente, aunque es un escenario muy posible. Basándonos en las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, podemos asegurar que la inflación será mayor a la prevista en el Presupuesto y también se advierte un menor crecimiento de la economía.
En términos económicos, una parálisis de la actividad atenta contra el objetivo de bajar el déficit fiscal (principal problema del Gobierno). Porque, por el peso que tienen los impuestos sobre la actividad económica, un parate de la economía implica un aumento del déficit por baja en las recaudaciones. La explicación de esto está en que si analizamos los recursos tributarios vemos que el IVA (importes sobre bienes y servicios) representa el 28% de la recaudación bruta, mientras que los impuestos nacionales sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital, un 17% del total (de acuerdo al informe publicado por Indec sobre los recursos tributarios totales del año 2016). Es decir, casi la mitad de la recaudación del Estado es sumamente sensible al grado de actividad económica.
De este modo, en su afán de reducir el déficit al ritmo que le imponen los mercados, el Gobierno podría obtener el resultado adverso. Es decir: estancamiento económico, aumento del déficit y la necesidad de tener que pedir prestado para pagar compromisos de deuda ya asumidos y seguir financiando el nuevo déficit producto de la caída de la recaudación. Un escenario considerado “lamentable” hasta para el economista liberal que todo Cambiemos venera, Milton Friedman.
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