El Gobierno nacional se juega todas sus fichas al control de los precios internos. Más allá de las internas, oficialismo y oposición saben que la puja definirá las elecciones de 2023.
Ed Impresa 25/03/2022
César Martín Pucheta
Mientras el Gobierno nacional va sumando puntos en su tarea de organizar la macroeconomía, la situación interna parece no encontrar su rumbo. La escalada inflacionaria vivida durante los dos primeros meses del año alcanzó 8,8% y ya parece tirar por la borda las previsiones tanto del Estado, que se ilusionaba con evitar subas por encima del 40%, como de los privados, que la imaginaban por encima del 50%.
En este marco, los principales actores de la política argentina han tomado partido en este conflicto desatado por la suba de precios de los alimentos. Por un lado, un sector del campo y un puñado de grandes empresas dueñas de la producción y de las góndolas defienden la remarcación discrecional de los precios, con el apoyo de Juntos por el Cambio y de algunos gobernadores del PJ; y, por otro lado, el gobierno nacional busca implementar herramientas políticas y económicas para frenar la escalada inflacionaria en medio de una fuerte interna a puertas abiertas luego del arreglo con el FMI. Con plazo hasta el lunes, casi 600 productos deberán retrotraer los precios al 10 de marzo, según manifestaron desde Secretaría de Comercio Interior.
Palabras más, palabras menos, esa es la idea que recorre los pasillos oficiales y se replica como mantra en todos los análisis políticos que ponen el ojo en el futuro de la Argentina. El precio de los alimentos ocupa el punto de neurálgico de la problemática inflacionaria argentina que día a día se come el poder adquisitivo de los salarios y amenaza con resquebrajar de modo terminante la relación entre el poder político y la ciudadanía argentina.
En el colmo de los males, desentendiéndose del problema como perro que volteó la olla, la oposición política parece estar decidida a todo para avanzar triunfante hacia las elecciones del 2023, incluso si eso significa defender un puñado de intereses especulativos que si bien no explican la totalidad del problema, aportan lo suyo de modo relevante. Por si eso fuera poco, la propia alianza de Gobierno se deshace en una discusión pública en torno a las maneras de acelerar para avanzar sobre la situación. Detrás del acuerdo con el FMI, detrás de los gustos por los estilos, la moderación y la disputa de intereses a cielo abierto, todos reconocen cuál es problema de fondo y los daños que eso acarrea.
“Claramente no podemos tener el pan a 300 pesos, la leche 130 y el kilo de asado a más de mil, porque no hay manera que la situación social se sostenga en ese contexto”, dice Daniel Arroyo, el diputado bonaerense que estuvo a cargo de la cartera de Desarrollo Social durante los dos primeros años de la gestión del Frente de Todos. Y tiene razón.
La (grave) situación, acarreada desde hace años, tiene como telón de fondo un conflicto que, de tanto en tanto, se moderniza en nuestro país. De un lado, las políticas de Estado, y del otro las fuerzas productivas empujadas por los conglomerados agroexportadores y los formadores de precios.
Hace unos diez días, el Presidente de la Nación anunció una arremetida contra la suba de precios que, en el caso concreto de los alimentos, registró una inflación mensual del 7,5% durante el mes de febrero. La convivencia de factores que históricamente confluyen para explicar el fenómeno parecen esta vez estar empujados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los mecanismos que incluyeron una batería de acuerdos de precios y herramientas para intentar desacoplar los precios internos de los del mercado exportador. Los encargados de salir a hacer frente a la situación fueron los funcionarios de las carteras centrales, que excluyó a la económica que tuvo a Martín Guzmán pivoteando acuerdos entre el Fondo Monetario Internacional y el Club de Paris.
El más “duro” fue Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, que le apuntó directamente “a los que quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba del 50% en dólares en sus stocks, por solo efecto riqueza”. “Yo dije la otra vez: si vamos así la Mesa de Enlace va a decidir qué comemos y qué no comemos”, arrojó el jueves en el marco de una escalada que ya había tenido a supermercadistas y empresas alimenticias renegando de los nuevos acuerdos y controles de precios y a un grupo de productores agropecuarios manifestándose en las rutas. Más allá de la lectura de quienes enrostran cierta “tibieza” a su estilo, el Presidente también se manifestó en una dirección enunciativa similar. “Esta es una batalla que tenemos que dar entre todos y debemos denunciar al supermercadista del barrio que tiene los precios que pone e ir detrás de los especuladores”, afirmó en una entrevista periodística a mediados de esta semana. En la previa, en menos de una semana, había superficies comerciales que había remarcado “por las dudas” en casi un 20% algunos productos con los que los consumidores se encontraban en las góndolas.
En el otro rincón estilístico, fue el ministro de Agricultura Julián Domínguez quien se vio en la obligación de aclarar que el Gobierno no piensa avanzar con una suba de retenciones, más allá de los cambios anunciados a finales de la semana pasada, que dispuso una suba de dos puntos (pasó de 31% al 33%) en las retenciones para las exportaciones de harina y aceite de soja.
A la queja inmediata de la Mesa de Enlace, la respuesta vino del ala más dura de Juntos por el Cambio. Ricardo López Murphy, que participó de una cumbre de liberales que se desarrolló en Córdoba el pasado sábado, presentó el lunes una denuncia contra el mismísimo Presidente por haber subido las retenciones por decreto, algo que considera “inconstitucional”. “La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder”, dijo el ex ministro de la Alianza que, junto con su bloque, votó en contra el Presupuesto que, entre otras cosas, habilitaba las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
Por esa razón, el grupo de la patronales agrarias avanzó en una serie de reuniones que logró llevar el tema al Congreso de la Nación, ámbito desde el cual la oposición puede tomar un mayor rédito político, salvando las apariciones televisivas, claro está.
Esta semana, la oposición en pleno se reunió con los líderes agrarios con el objetivo de llevar a los recintos legislativos los temas que ocupan lugar central en su discusión con la administración Fernández y lució una unidad que desde hace rato viene rengueando. Así de importante es el tema, ese poco espacio hay para los matices en la postura que hegemoniza el apoyo a los reclamos del sector agroexportador a la hora de pararse políticamente frente a las políticas anunciadas. Lejos parece haber quedado “la responsabilidad institucional” que se elevó como valor supremo en la discusión sobre el acuerdo con el FMI. En la política interna, los intereses que siguen primando son otros, tienen relaciones que se sostienen históricamente y, hoy, un enemigo en común.
Más allá de las diferencias que uno pueda encontrar en la coalición gobernante, desde la vereda de enfrente le llaman “kirchnerismo”. Allí obviamente se vuelve a ubicar el Gobierno de Córdoba, que como ya se dijo se manifiesta abiertamente en apoyo a los planteos del sector agroexportador. “El gobernador piensa lo que pensamos nosotros, y nosotros queremos las mismas cosas que quiere el gobernador”, suelen decir desde la Mesa de Enlace cordobesa para resumir la simbiosis.
Mientras hay planteos judiciales que avanzan para lograr retrotraer las últimas subas en las retenciones, dos de ellos en trámite desde tierras cordobesas, la Mesa de Enlace pretende que la Comisión Bicameral de Seguimiento anule los decretos presidenciales que dejaron las retenciones en el mismo lugar en donde las había dejado Macri, el 33% que actualmente rige. Pero sin embargo, habrá un puñado de “otras cuestiones” que se empezarán a discutir más a fondo. Entre esas cuestiones, los proyectos que buscan reducir los derechos de exportación, en algunos casos hasta eliminarlos completamente. Los números de las últimas elecciones hacen que ese tipo de iniciativas suene a posible desde los sectores opositores, aunque en el juego de las mayorías y minorías es posible que algunas trabas aparezcan en el camino.
Según las últimas estimaciones privadas, con base en números oficiales, la canasta básica consume el 73% de un salario promedio de un trabajador, en blanco, en nuestro país. Hoy ese ingreso se estima en poco más de 107 mil pesos. Para marzo, espera una crecida inflacionaria en niveles similares a los de los últimos meses. El Gobierno intentará que las medidas que retrotraen los precios de los productos básicos sirvan para frenar el impulso negativo para lograr un plafón para comenzar a avanzar en una serie de medidas para que la reactivación que se pueda exhibir en materia de empleo y producción, según números oficiales, surta efecto en la parte más sensible para el humor social argentino: el poder adquisitivo del salario.
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