Con la audiencia de este lunes 23 concluyeron los alegatos en la causa que juzga a ex miembros de la justicia federal por complicidad con el terrorismo de Estado.
Córdoba 24/10/2017 Katy García, especial para LMN
Con la audiencia de este lunes 23 concluyeron los alegatos en la causa que juzga a ex miembros de la justicia federal por complicidad con el terrorismo de Estado.
Marcelo Brito refutó la acusación de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta. "Señores jueces: la defensa material de mi asistido no ha sido abatida por la prueba", manifestó, tras exponer frente al Tribunal durante casi seis horas. Pidió la absolución.
Brito afirmó que "La energía puesta por los querellantes tuvo la aquiescencia de los acusadores públicos que no se sostiene en la prueba ni en el derecho". Agregó que hace suyos "los argumentos del presidente del tribunal -Julián Falcucci- cuando explica en un fallo que el secretario no es responsable". Por su parte, durante la acusación, los fiscales le solicitaron que no aplicara esos fundamentos que permitieron que Luis Eduardo López, ex secretario penal del juzgado federal de Santiago del Estero quedara fuera del proceso.
Carlos Otero Álvarez está imputado en 92 causas. Durante la dictadura cívico-militar era secretario del Juzgado federal n° 1 a cargo del juez Adolfo Zamboni Ledesma. La fiscalía solicitó siete años de prisión. El 31 de octubre, se realizarán las réplicas entre las partes y el 6 de noviembre se conocerá la sentencia.
Acompañado por su colega Julio Deheza completó el alegato que había iniciado la semana pasada. Apenas comenzó negó el fundamento de la querella basado en el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese orden dijo que únicamente "censura" al juez Adolfo Zamboni Ledesma y nada dice del obrar de su defendido en aquél momento secretario del juzgado.
Su extenso despliegue argumentativo mechado con citas de juristas y otras publicaciones estuvo acompañado de gestos e inflexiones de voz bien administrados. "El objetivo que seguimos es que esta audiencia pública sirva para reivindicar el honor de un ex magistrado que hoy se encuentra en el banquillo de los acusados", afirmó, enfático.
Estado de sitio
El abogado planteó que los procedimientos policiales -secuestros y allanamientos- eran realizados "invocando la existencia del estado de sitio" vigente en todo el país. "Nadie discutía el ingreso y allanamientos realizados por la policía", arguyó. En ese sentido analizó varias causas como la de Luis Miguel Baronetto (querellante) y su esposa Marta Juana González de Baronetto (fusilada en octubre de 1976) secuestrados por una patota del D2. ¿Qué poder tenía un secretario? se preguntó, en tono elevado. Luego explicó el funcionamiento del juzgado y los roles de los empleados.
Cargó contra Zamboni Ledesma que nada dijo sobre la denuncia de apremios ilegales realizada por Marta Juana González. En su extenso alegato analizó varios expedientes relacionados con los presos alcanzados por la ley 20840 y da cuenta que el empleado judicial Néctor Giraudo (fallecido) era quien instruía las causas.
Al analizar la prueba documental utilizó los mismos expedientes que la fiscalía agrupó para exponer. Consideró que su defendido no tenía ninguna posibilidad de impedir los delitos por los que está acusado por cuestiones de jurisdicción. En ese sentido citó fundamentos de los fallos de la Cámara Federal de Tucumán y del reciente Juicio de los Jueces realizado en Mendoza. "Su función era la de un simple secretario", completó, y subrayó la responsabilidad de los jueces. En este caso, Zamboni Ledesma (fallecido). Más adelante le solicitó al Tribunal que analice los hechos y las pruebas de certeza, en cada caso.
Sostuvo además que ante las denuncias de apremios ilegales ejecutadas por miembros de la fuerza policial ni la estructura del Juzgado ni los abogados defensores realizaron alguna presentación.
Refutó la acusación de los fiscales en relación a la inacción del funcionario cuando era público que grupos de presos políticos eran retirados de la Unidad Penitenciaria y fusilados en los alrededores y los diarios daban cuenta de los hechos. Expresó que no quedaba claro cuál era el deber que no cumplió su asistido y afirmó que "fue una torpeza jurídica que imputaron al doctor Otero Álvarez".
Deslindó la responsabilidad de la justicia federal en los homicidios porque en los expedientes constan los certificados de defunción donde figura la causa de muerte con la firma de médicos forenses. Finalmente dijo que "no encontró ningún elemento probatorio" que configurara una sospecha fundada sobre el acusado. Dijo que tampoco se acreditó ningún delito "por el contrario se manejó dentro del ámbito de la legalidad".
También se refirió a varias citas bibliográficas citadas por la querella particular y por la fiscalía que aluden a la complicidad del poder judicial y el terrorismo de estado. Por caso analizó que el libro ¿Usted También Doctor? en ningún momento alude a la actuación de un secretario.
A modo de reflexión y desde una mirada crítica afirmó que el monopolio del aparato de coacción del estado conformado por el poder judicial y la agencia policial que investiga devino en "monstruos" creados por el derecho y el poder político. Asimismo, le recomendó al Tribunal la lectura de numerosos trabajos realizados por "notables juristas".
Réplicas
El martes 31 de octubre se llevarán a cabo las réplicas entre las partes. Se prevé que la última palabra y la sentencia se realicen el 6 de noviembre próximo.
En sesiones anteriores los abogados de los imputados Haro, Cornejo y Puga también pidieron la absolución de sus defendidos. Carlos Lescano Roqué en representación de los imputados Miguel Ángel Puga (exJuez) y Antonio Cornejo (exfiscal). Luego lo hizo Benjamín Sonzini Astudillo patrocinante de Ricardo Haro (ex defensor). La fiscalía solicitó penas que van de 2 a 7 años de prisión. En tanto que la querella lo hizo por 2 a 5 años en función de las causas particulares.
El tribunal actuante está conformado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales Camilo Quiroga Uriburu y Juan Carlos Gallino.
Durante el Juicio Videla realizado en 2010 fueron juzgados y condenados los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez junto a un grupo militares y policías por los secuestros, tormentos y homicidios de 30 expresos políticos, ocurridos entre abril y octubre de 1976 y reportados por la prensa como "enfrentamientos".
El Juicio es oral y público. Quienes deseen asistir deben concurrir con el DNI a la sede del Tribunal Oral Federal N°2, sito en Hipólito Irigoyen esquina Crisol. También se puede seguir la transmisión en vivo en -www.cij.gov.ar- el canal de la CSJN.
El sábado próximo, el Presidente participará en Los Ángeles del Foro del Instituto Milken. Pese a que al asumir su cargo, el libertario había descartado el uso de la flota de aviones presidenciales, en este viaje utilizará el Arg 01, comprado por Alberto Fernández.
Para la prevención y el control de dengue, chikungunya y zika, el mandatario anunció una inversión anual de 7.500 millones de pesos. Entre las medidas que incluye el programa para mitigar la enfermedad, se destaca la vacunación para grupos específicos.
Los empleados de Distribuidora de Gas del Centro vienen realizando asambleas y denuncian intransigencia de la compañía en la negociación paritaria. El titular del gremio, Miguel Arroyo, sostuvo que “no se hacen horas extras, por lo que se ven afectados los trabajos de mantenimiento”.
La comitiva encabezada por la canciller Diana Mondino, que viajó hasta el país asiático, no logró un acuerdo por los u$s18.000 millones del swap que se mantiene vigente, y cuyo tramo de u$s5.000 millones vence en junio.
Entre otros temas, en diálogo con LNM el secretario general del gremio docente se refirió al Fonid y al “ítem profesionalidad docente” que introdujo el gobierno provincial. El inicio del ciclo lectivo está previsto para el próximo lunes.
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