El oficialismo pidio informes al Banco Central, que había asegurado que durante la gestión de Macri entre 2015 y 2019, la fuga superó los 86.000 millones de dólares.
Política 26/05/2020
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación aprobó este martes un pedido de ampliación sobre el informe elaborado por el Banco Central de la República Argentina, relacionado con la contratación de la deuda pública y la fuga de capitales durante el período 2015-2019.
Durante la reunión, los diputados y senadores avanzaron en un pedido de informe al Banco Central (BCRA), a la Unidad de Información Financiera (UIF), y al Ministerio de Economía, presentado por el Frente de Todos, para profundizar la investigación sobre la fuga de capitales durante la gestión de Mauricio Macri.
Por medio de videoconferencia, los legisladores analizaron el informe emitido por el Banco Central, solicitado por el Poder Ejecutivo Nacional, que describe "el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 y facilitaron la fuga de capitales por más de US$ 86.000 millones, creando las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo".
Al respecto, el presidente de la Comisión Bicameral, senador José Mayans (Frente de Todos), sostuvo que el informe de la entidad bancaria es “muy serio y muy preciso”.
También desde el Frente de Todos, la senadora María de los Ángeles Sacnun señaló: “Estamos ante un crédito que se llevó adelante sin argumentos técnicos y jurídicos”, y además aseveró que “el Poder Legislativo no dio consentimiento a la toma de esa deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional”.
Mientras que el senador Oscar Parrilli se refirió a la ampliación del pedido de informe y manifestó: "Nuestra intención es identificar quienes han sido los responsables de la fenomenal fuga de capital de los últimos tres años".
En tal sentido, indicó que se pedirán informes al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF), y al Ministerio de Economía sobre la fuga de divisas y el endeudamiento argentino generado en la gestión anterior.
Luego, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller consideró que “esta investigación sirve para evaluar las regulaciones que necesitamos generar para que esto no vuelva a suceder”. Además, el diputado pidió incorporar en el Pedido de informe “un párrafo sobre la responsabilidad de quienes debían fiscalizar estas operaciones cambiarias”.
Desde la UCR, el senador Martín Lousteau agregó: “Es importante extender el informe del Banco Central hacia atrás para entender bajo qué condiciones hay fuga y qué tipo de actores implican”.
Por su parte, la diputada nacional Brenda Austin afirmó que desde el interbloque Juntos por el Cambio “presentarán un dictamen propio”.
El bloque de diputados nacionales del "partido amarillo" se diferenció de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, y ratificó este jueves su apoyo sin condiciones a las medidas del Gobierno nacional.
Sobre el apoyo a la Ley Bases frente al Pacto de Mayo, Llaryora expresó que “ningún diputado va a cambiar su voto, son los mismos diputados que estaban. Van a tener que hacer algunas modificaciones para que eso camine".
En la denuncia, la diputada libertaria sostuvo que la amenaza decía: "Mejor si no tenés custodia, ustedes quieren esto, viste que a CFK intentaron asesinarla, bueno, nosotros no fallamos, te vamos a demostrar que somos distintos".
La ex diputada nacional expresó su malestar por los acuerdos alcanzados con la CGT en el marco de la discusión de la Ley Bases. “Nos vamos para mantener autonomía”, declaró y denunció que el Presidente “tranzó con las mafias”.
"El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la Ley Ómnibus", expresó el radicalismo.
"Estamos cansados del destrato, de la agresión. Lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos", sostuvo el gobernador Ignacio Torres, que amenazó con interrumpir la salida de petróleo y gas de la provincia si la Nación retiene "de manera indebida" la coparticipación.
El jueves 26 de abril selló el acuerdo salarial con la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), mientras que el 27 lo hizo con la Unión Ferroviaria y este lunes 29, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
El entendimiento contempla incrementos salariales para el personal de hospitales provinciales de abril a junio. Los porcentajes acordados van en línea con los aumentos ya cerrados con el resto de las entidades gremiales del ámbito estatal.
Las subas, entre un 4% y 5%, están vigentes en todo el país desde las primeras horas de este 1° de Mayo. En Córdoba, el aumento se registró principalmente en las estaciones de servicio YPF, aunque con el correr de las horas, se esperaba que el resto de las petroleras actualicen sus precios.
Decenas de automóviles se movilizaron entre la rotonda del Dante y el Patio Olmos, respondiendo a una convocatoria unificada de la CGT Regional, la CGT Córdoba, las dos CTA y la UTEP. Repudiaron el ajuste del Gobierno y la reforma laboral.
