Uno de los testigos y querellante manifestó conformidad con los pedidos que guardan relación con la causa. En tanto, el martes 10 alega la defensa.
Córdoba 04/10/2017 Katy García, especial
Para Ricardo Haro solicitaron, en función de la edad y del tiempo transcurrido sin que se haya realizado el juicio, una pena de 2 años. Para Miguel Ángel Puga y Antonio Cornejo 5 años, y para Carlos Otero Álvarez, 7 años de prisión. Para todos, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
Luis Baronetto, uno de los testigos y querellante en la causa, comentó a LA NUEVA MAÑANA que está conforme con los pedidos que guardan relación con la acusación. "Si este juicio se hubiera hecho junto con la causa Videla en 2010 y hubieran estado todos los imputados juntos como se hizo en Mendoza quizá hubiera habido margen para una pena mayor".
Durante la mañana de este martes 3 de octubre, el fiscal Carlos Gonella expuso el último bloque de la acusación contra el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez. Luego, junto al fiscal Facundo Trotta analizaron la calificación legal. Asimismo le manifestaron al presidente del tribunal una disidencia respecto al fallo dictado en Santiago del Estero del que formó parte como vocal Julián Falcucci y donde el acusado -secretario de un juzgado- fue considerado un mero fedatario.
Denunció 12 hechos de violación de deber de denunciar los asesinatos de ex presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 1. Afirmó que los hechos quedaron demostrados durante el juicio de la verdad histórica y luego con los juicios por crímenes de lesa humanidad que se iniciaron tras la anulación de las leyes del perdón.
A la par de la argumentación, en pantalla eran mostrados recortes de diarios que daban cuenta de los asesinatos a través de la prensa; certificados de defunción, certificados médicos, entre otras pruebas documentales.
Frente a estos hechos cuestionó al secretario Otero Álvarez por no haber denunciado las irregularidades que ocurrían. La acumulación y reiteración de estas situaciones configuran para el fiscal un patrón sistemático. Las personas eran detenidas sin orden judicial, trasladadas el D2, torturadas y luego asesinadas. Los cuerpos eran arrojados a la vía pública y la prensa daba cuenta de "enfrentamientos" cuando los vehículos de pronto presentaban una falla mecánica y los detenidos "intentaban fugarse". Allí mismo eran abatidos.
El Juzgado no investigó cómo sucedían esos hechos. Lo único que hacía el imputado era dictar el "sobreseimiento por extinción penal". Y así: "se terminó la historia, se terminó la vida..." dijo el fiscal luego de enumerar caso por caso los padecimientos de Diana Fidelman, José Ángel Pucheta, Sgandurra, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Miguel Ceballos, Cristian Funes, Rosetti de Arquiola y otras víctimas.
Sobre el final, Gonella reivindicó la actitud del camarista Pablo Daniel Carrera que renunció apenas se lo sugirieron. Lo hizo por carta donde expone su pensamiento sobre el derecho.
También hizo un repaso de la causa Siriani muy presente en este juicio. De hecho, Miguel Hugo Vaca Narvaja fue el abogado defensor y asesor de la familia. A Miguel García le allanaron el estudio jurídico y se llevaron las fotografías que mostraban a Horacio Siriani destruido por la tortura. Tanto para las víctimas como para Siriani solicitaron que se declare la nulidad de lo actuado en relación a la infracción de la ley 20840. "No se trata de un efecto meramente simbólico", afirmó. En la práctica se trata de "borrar los registros" de estas causas nulas.
Facundo Trotta destacó la trascendencia social de este juicio por crímenes de lesa humanidad para la sociedad y la consolidación de la democracia. "Este juicio tiene un plus porque la Justicia ha juzgado a los autores de crímenes de lesa humanidad y está juzgando su propio proceder". Abogó por la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia y para que nunca más se repitan.
El próximo martes 10, alega la defensa. A continuación, los pedidos de pena:
Pedidos de pena-Causa magistrados 03-10-2017.pdf
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