Los fiscales Gonella y Trotta pedirán para los cuatro acusados penas superiores a las solicitadas por la querella en representación de 118 víctimas.
Córdoba 02/10/2017 Katy García, especial para La Nueva Mañana
Este lunes, a partir de las 9, comenzarán los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el llamado Juicio a los magistrados. Los fiscales Gonella y Trotta solicitarán penas que serán superiores a las pedidas por la querella.
“Vamos a alegar por 118 hechos que se les imputan a cuatro acusados en función de los roles que ocupaban en los años 1975 y 1976 en la Justicia federal de Córdoba”, afirmó, el fiscal general, Carlos Gonella.
Los ex funcionarios judiciales, Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (ex juez federal N°2), Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (ex defensor oficial), están acusados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y las omisiones de realizar la persecución e investigación de delitos, y el cese de detenciones ilegales.
Fueron apartados de la causa el fiscal Alí Fuad Alí y el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina por razones de salud.
Se trata del primer juicio - y tal vez el último- que pone en el banquillo a uno de los actores civiles acusados de complicidad con la dictadura cívico militar. Los fiscales realizarán la acusación durante la jornada del lunes y, de ser necesario, los alegatos continuarán hasta el martes hasta el mediodía.
Responsabilidad
El fiscal Gonella le dijo a este medio que “la fiscalía ha analizado la prueba documental, ha escuchado los testimonios y no nos queda ninguna duda sobre la responsabilidad de los acusados en los hechos.
“Y no solo eso. Consideramos que hay elementos de prueba más que suficientes por lo que vamos a sostener la acusación y pedir las condenas correspondientes”, agregó.
Cabe destacar que a los ex magistrados Cornejo y Puga se les atribuyen siete hechos. Otero Álvarez acumula 92, y Haro suma ocho. Las víctimas que estaban imputadas en esa épocapor infracción a la ley 20840 permanecían bajo su custodia. No obstante, no tomaron en cuenta las denuncias que los presos políticos efectuaban durante las indagatorias que les realizaban en los juzgados y en las cárceles.
La querella
Hace dos semanas, la querella particular solicitó penas de tres años para los imputados Cornejo y Puga, y cinco para Otero Álvarez. “Nosotros representamos a los familiares de Miguel Ceballos, Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), José Ángel Pucheta y Marta Juana González de Baronetto, quienes estando detenidos en la Unidad Penitenciaria 1(UP1), fueron fusilados en diferentes traslados. El Juzgado federal a cargo no inició investigación alguna para averiguar cómo sucedieron los hechos. En los expedientes obran las partidas de defunción con diagnósticos de heridas de balas y hemorragias”, expresó, Adriana Gentile.
Junto a Patricia Chalup y Jorge Chalup integran el equipo de abogados de la Fundación María Elba Martínez. Asimismo, destacó los testimonios de sobrevivientes como Luis Miguel “Vitín” Baronetto que “aportó datos relevantes sobre la actitud silente y, me atrevería a decir, cómplice de los funcionarios judiciales que hoy están en el banquillo”.
Acusaron a Puga, en su rol de juez, y a Cornejo que era fiscal, como autores penalmente responsables de los delitos de “incumplimiento de la obligación de promover acción penal y de encubrimiento por infracción al deber de denunciar un delito. En tanto que Otero Álvarez, secretario penal del juzgado a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma, como autor responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la omisión de denunciar una privación ilegítima de la libertad.
Por otra parte, los abogados le solicitaron al Tribunal que cuando dicte sentencia realice “una manifestación y/ o valoración” acerca de la conducta del exjuez Adolfo Zamboni Ledesma (alcanzado por el punto final biológico). Fundamentan esta petición “en el derecho de las víctimas a una reparación integral del agravio sufrido que se haría efectivo con un reconocimiento público de la ofensa”.
Un dato importante lo brinda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1980 cuando expone la situación de los derechos humanos en Argentina y hace referencia al papel de la justicia.
La sentencia
El Tribunal informó que los días 10 y 11 de octubre próximos expondrán los abogados defensores Carlos Lescano Roqué y Ángel Ignacio Carranza (Cornejo y Puga); Julio Deheza y Marcelo Brito (Otero Álvarez) y Benjamín Sonzini Astudillo (Haro). En tanto que el lunes 23, se llevaran a cabo las réplicas entre las partes. Se estima que el 6 de noviembre los imputados tendrán la oportunidad de ejercer el derecho a la última palabra para luego dar paso a la lectura de la sentencia.
El juicio, que comenzó el 25 de julio pasado, debería haber sido parte de la causa Videla. Pero la acción corporativa de la Justicia federal lo impidió. Durante 2010 y 2011, fueron juzgados y condenados los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez y un grupo de militares y policías por los tormentos y fusilamientos de 30 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) que dependían del poder judicial y del PEN.
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