El juez federal Jaime Díaz Gavier analizó el contexto del polémico fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el cómputo 2x1 para la prisión en casos de delitos de lesa humanidad. En Córdoba más de 20 represores, entre ellos Menéndez, pidieron la excarcelación.
Córdoba 07/06/2017 Agostina Parisí
La tarde del 10 de mayo que miles de personas de todo el país salieron a la calle a marchar contra el fallo del 2x1 a represores, el juez Jaime Díaz Gavier trabajaba en su despacho. Es el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1, y fue quien dictó la sentencia del histórico juicio de La Perla. Díaz Gavier integró la mayoría de los tribunales que juzgaron el terrorismo de Estado en Córdoba.
Desde lo alto de la torre de la Justicia Federal, el juez miró por el ventanal los preparativos de la movilización. Allí terminaría la marcha multitudinaria. Nueve meses atrás la misma calle se había teñido de festejo por la sentencia de la megacausa La Perla pero esta vez, los motivos eran otros.
El 3 de mayo la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en casos de delitos de lesa humanidad. La sentencia fue dictada para el caso particular de un represor, el torturador Luis Muiña. Sin embargo, produjo lo que se esperaba: una catarata de pedidos de liberación por parte de los represores de la dictadura. La noticia provocó la conmoción de los organismos de derechos humanos y de gran parte de la sociedad.
“Me sorprendió el fallo, sobre todo porque trajo a colación un tema que ya estaba internalizado en la sociedad argentina: el de juzgar los hechos terribles que vivió el país en la dictadura. Y este fallo justamente tiende a aminorar o a disminuir las penas que los tribunales han impuesto a los responsables de los delitos de lesa humanidad”, dice Díaz Gavier.
En Córdoba se presentaron más de 20 pedidos de excarcelación o reducción de condenas. Entre las solicitudes figuran las de Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro Vergéz, Carlos Yanicelli y otros conocidos integrantes de las fuerzas represivas que en la mayoría de los casos recibieron prisión perpetua por cientos de secuestros, desaparición forzada de personas, homicidios, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
Hasta ahora, la Justicia federal de Córdoba rechazó todas las peticiones. “Pienso que al 2x1 lo van a terminar planteando todos. Quizás algunos prefieren esperar a ver qué pasa en instancias superiores. Todavía pueden ir a la Cámara Federal de Casación”, opina el juez.
- ¿Qué elementos tuvo en cuenta el TOF1 para rechazar los pedidos de 2x1?
- Distintos aspectos. En términos generales hay obligaciones que el Estado argentino contrajo al suscribir a pactos internacionales, que se incorporaron a la Constitución con la reforma de 1994. Todos ellos tienden a tratar con cuidado y severidad los delitos de lesa humanidad. Es cierto que en esos tratados está establecido el principio de la ley penal más benigna, que es el criterio que utilizó la mayoría de la Corte. Pero debe estudiarse cada caso en particular, sobre todo teniendo en cuenta qué tipo de delitos estamos tratando. Son de extrema gravedad; lesionan a la humanidad entera. Y es absurdo pretender la aplicación de una ley derogada en 2001. Otra cuestión es la determinación de que se trata de delitos permanentes, que hasta el día de hoy están cometiéndose, como la desaparición forzada de personas. Además, la sanción en 2015 de una ley que determina la nulidad absoluta de toda forma de indulto para condenados por delitos de lesa humanidad, y la ley recientemente sancionada por el Congreso, que excluye a los condenados de estos delitos de la posibilidad de aplicación del 2x1.
La megacausa La Perla fue el juicio más grande del interior del país y de la historia judicial de Córdoba. Durante casi cuatro años, Díaz Gavier escuchó los testimonios de personas sobrevivientes de los centros clandestinos y de familiares de desaparecidos. En el resto de las provincias también se llevaron adelante juicios al terrorismo de Estado que condenaron a gran parte de los genocidas. Para el juez federal es “difícil” que tribunales de otras jurisdicciones acepten los pedidos de 2x1. “Los argumentos que este tribunal ha dado, que es uno de los que más causas juzgó y de mayor envergadura del país, son de estricto valor jurídico. Me parece complicado contradecirlos, pero siempre cabe la posibilidad y los jueces tienen libertad para decidir”. El tema es controversial y todavía no está cerrado, opina el magistrado. Queda por conocer qué criterio fijará el máximo Tribunal de Justicia del país después de las repercusiones del fallo.
- ¿Qué ocurre en el seno de la Corte Suprema?
- Es evidente que en el Tribunal supremo hay dos criterios que se expresaron con votos distintos y totalmente contrarios. Hay un estado de discusión y de alerta ante un criterio jurídico que no está pacíficamente asentado. Entonces creo que la Corte va a tener que fijar un criterio yo diría definitivo, en el que puedan conciliarse las distintas opiniones en juego.
- ¿La Corte contiene hoy a todas las expresiones políticas?
- Claramente no. La resolución de este tema puso en evidencia que hay un sector, que parece mayoritario, que coincide con los nombramientos que ha hecho el Gobierno nacional actual. Es evidente además que el tribunal no tiene una adecuada representación territorial ni de género. Ni su número alcanza a comprender las distintas tendencias que hay hoy en el Derecho; no hay ningún penalista.
- ¿Falta avanzar en la discusión de Memoria, Verdad y Justicia?
- Creo que sí y es esencial que la sociedad profundice para siempre estos criterios. Que asuma como propia la convicción de que episodios brutales como los que sufrió Argentina no pueden ocurrir, y que si ocurren el Estado debe sancionarlos. Pero es cierto que hay sectores que no están convencidos. La existencia de la grieta es real. Y hay un sector que cree que la manera de solucionar los conflictos que tenemos es procediendo con mayor autoritarismo, mayor prepotencia, o mayor prescindencia de las necesidades de sectores sociales más postergados. Desde mi punto de vista como juez considero que lo único que el Estado puede hacer es seguir llevando adelante los juicios, hasta que se haga un sedimento, una especie de zócalo en la sociedad.
Desde el año 2008 que en Córdoba se llevan adelante juicios por crímenes de lesa humanidad de manera interrumpida. Este año tendrá lugar la denominada “causa de los magistrados”, que por primera vez juzgará la complicidad de funcionarios de la Justicia con el terrorismo de Estado. Estarán sentados en el banquillo cuatro exintegrantes de la Justicia Federal, acusados de haber encubierto el fusilamiento de presos políticos de la cárcel de barrio San Martín (UP1). Además de esa causa, quedan otros juicios por delante. “Espero y supongo que el Estado argentino seguirá cumpliendo con estos deberes y compromisos que asumió internacionalmente”, dice el juez.
- ¿Tiene que existir voluntad política para que los juicios se lleven adelante?
- Sí, de hecho hubo una voluntad política para que se produjeran originariamente, cuando se incorporaron los Derechos Humanos como política de Estado. Si esa voluntad política no existe, es muy difícil llevar los juicios a cabo. Para poder realizarlos hay que montar un sistema, un financiamiento y una disposición de cargos y funciones sin los cuales es imposible. Son juicios muy caros.
- ¿Qué opina sobre la voluntad política de este momento?
- Es evidente que funcionarios, algunos de jerarquía y otros de muy alta jerarquía, a veces tratan el tema de los Derechos Humanos hasta con liviandad y diría con cierta irresponsabilidad, menoscabándolos, o refiriéndose a ellos como una cuestión menor que ya está superada. Niegan la gravedad de los hechos que ocurrieron y el número de víctimas. Hay una serie de expresiones que evidentemente manifiestan una concepción política sobre el tema. Y hay una parte de la sociedad que tampoco cree en esto. Entonces la respuesta debe ser continuar juzgando para que definitivamente se incorpore como una convicción profunda en la gente.
- Desde su función como juez federal, ¿cómo ve la realidad social?
- Me parece muy claro que Argentina está en un período de muchísimas dificultades. Hay sectores que están siendo desatendidos en beneficio de ciertas concepciones económicas. Algunos podrán pensar, legítimamente, que son los mecanismos adecuados para salir adelante. Lo cierto es que por lo menos en lo inmediato se están produciendo situaciones difíciles. Es evidente que hay desocupación, deterioro del salario, endeudamiento. Son situaciones que nadie puede desconocer y me parece que reflejan una política económica que no está dando de ninguna manera los resultados que la gente legítimamente espera.
En una jornada inestable, la máxima será de 30° de temperatura con una mínima de 22°. Además, habrá viento del sudoeste rotando hacia el norte por la tarde y noche.
Aerolíneas Argentinas anunció la suspensión de los vuelos entre Río Cuarto y Buenos Aires desde el 21 de abril hasta el 30 de junio por “falta de aviones disponibles”.
Al Gobierno nacional, le exigen la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, del Fondo Compensador y que abra convocatoria a paritarias nacionales.
La concentración se realizó en horas de la tarde frente al Patio Olmos. El hombre, de 46 años, fue asesinado por delincuentes que le robaron la moto en barrio Yofre Norte, en momentos que salía a trabajar.
El hombre manejaba una Toyota Hilux y fue alcanzado por la Policía en barrio Rosedal Ampliación. Transportaba droga de máxima pureza, valuada en 1.200 millones de pesos. El procedimiento fue destacado por la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Martín Llaryora.
Con la presencia de 200 mujeres emprendedoras, el martes 26 de marzo cerraron el Mes de la Mujer, organizado por la Municipalidad de San Francisco, con un taller vivencial. La jornada contó con la presencia del intendente de la ciudad, Damián Bernarte, el vicepresidente de la FBC, Matías Beccaria y el gerente de la Fundación, Manuel Espelde.
El jueves 26 de abril selló el acuerdo salarial con la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), mientras que el 27 lo hizo con la Unión Ferroviaria y este lunes 29, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
El entendimiento contempla incrementos salariales para el personal de hospitales provinciales de abril a junio. Los porcentajes acordados van en línea con los aumentos ya cerrados con el resto de las entidades gremiales del ámbito estatal.
Las subas, entre un 4% y 5%, están vigentes en todo el país desde las primeras horas de este 1° de Mayo. En Córdoba, el aumento se registró principalmente en las estaciones de servicio YPF, aunque con el correr de las horas, se esperaba que el resto de las petroleras actualicen sus precios.
Decenas de automóviles se movilizaron entre la rotonda del Dante y el Patio Olmos, respondiendo a una convocatoria unificada de la CGT Regional, la CGT Córdoba, las dos CTA y la UTEP. Repudiaron el ajuste del Gobierno y la reforma laboral.
