Así lo reportó el Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo de la Unsam en un registro de los últimos dos años. El ex ministro Carlos Tomada indicó que la situación empeoró por la crisis.
Ed Impresa 10/05/2019
Miriam Campos
Ana trabajaba ocho horas -desde las 16 hasta la medianoche- en la cocina de uno de los hoteles más caros de la ciudad, hacía el trabajo de tres o cuatro personas: era la cocinera, la moza, y quien limpiaba todo el salón y la cocina, no tenía a nadie quien le ayudara. Como habla inglés oficiaba incluso de anfitriona entre los huéspedes y con la promesa de que sería la próxima gerente de un nuevo restaurante debía trabajar siete días seguidos y descansar solo uno, y así sucesivamente. Por el agotamiento, su hermana comenzó a reemplazarla un día a la semana y en el hotel pretendían que ese pago saliera del bolsillo de Ana, porque era “un favor” hacia ella. Tras varios reclamos, logró que le aumentaran un poco el sueldo: ganaba $17.000 que el dueño ponía en un sobre y se lo entregaba en mano, todo, totalmente en negro.
En esas condiciones de trabajo resistió un año y medio, había dejado atrás una pequeña empresa de viandas de comida que regenteaba con su mamá, pensando que el ofrecimiento y las promesas de crecimiento en el hotel significaban un progreso para su vida laboral. Ana no se llama Ana, pero elige no mencionar el nombre del hotel ni dar su nombre real porque tiene miedo: “Si esta gente se entera y se ofende, en buena hora, pero yo no quiero problemas”. Ana de 38 años, que vive en Argüello, todavía está desocupada y tiene cuatro hijos.
“Lloraba por el dolor de espalda, los brazos, soy joven todavía pero no puedo, nadie puede resistir eso. Para mí fue insostenible”, cuenta la mujer a La Nueva Mañana y recuerda que cuando se fue del hotel le dijeron que el hecho que ella estuviera cobrando tan poco era “un error administrativo”.
“La sobada de lomo de los negreros es algo tremendo, me parece perverso. Yo tengo los cuatro pibes y había sacado un préstamos para arreglar el techo de mi casita que se caía, una termina diciéndole sí a cualquier cosa porque necesita la plata”, explica.
De esa precariedad hablan los registros publicados por el Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad de San Martín (Unsam), que analiza, en base a reportes oficiales, el escenario laboral desde múltiples dimensiones. En sus reportes la distribución de “nuevos desocupados”, indica que tres de cada cuatro personas que quedaron desocupadas entre 2016 y 2018, es decir el 72%, son mujeres.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sobre los 31 “aglomerados urbanos” del país que se relevan, se registra que casi 1,2 millones de personas están desocupadas; hay alrededor de 2,5 millones de trabajadores por cuenta propia; y poco más de 3 millones de asalariados no registrados. En total, existen alrededor de 6,7 millones de personas desocupadas como Ana, o con trabajos precarios o inestables, como en el caso de Lucía Rodríguez, que tiene 26 años y a fines febrero de este año, cuando terminaba su contrato como preceptora en colegio religioso privado, recién el último día se enteró que no iban a renovarle.
“Yo sabía que mi contrato era hasta el 28 de febrero pero nadie sabía qué iba a pasar, así que fui ese último día y ahí me avisaron”. El argumento de la “desvinculación” fue que había un reacomodo y el cargo de Lucía ahora lo iba a ocupar “otra persona con más antiguedad”. Junto a la preceptora, ese día fueron despedidos otros dos profesores más.
“En este tipo de situaciones siempre hay un argumento administrativo que justifica que te dejen en la calle, pero como las escuelas son espacios de disputa y considerando la coyuntura social que vivimos, las cuestiones políticas también influyen a la hora de decidir quiénes se quedan y quiénes no, y más en una escuela religiosa”, explica Lucía y agrega que “son cosas que se van solapando, las causas para elegir a determinadas personas o para echar no responden a un solo argumento”.
“Las mujeres ocupan una posición relegada en el mercado de trabajo. Como destinan casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado en el hogar, participan menos del trabajo remunerado y quienes lo hacen, suelen trabajar en jornadas reducidas. Además, tienen más dificultades para conseguir empleo y sus ingresos salariales son significativamente inferiores a los de los hombres”, explica a este medio Carlos Tomada, director del Cetyd, y ex ministro de Trabajo.
Para el ex funcionario “desde que se desató la crisis económica, ese lugar segregado se consolidó y ahondó”. Las mujeres están siendo especialmente afectadas por el “desplome de la actividad y por la absoluta inacción del Estado para amortiguar los efectos” de esta situación sobre el empleo.
Un aspecto no menor es que “no sólo la mayoría de los nuevos desocupados son mujeres, sino que también son ellas quienes han ocupado la gran mayoría de los empleos precarios que se han creado durante esta gestión de gobierno”, indicó Tomada.
Marta Massoni no tiene trabajo oficialmente desde el 31 de octubre de 2017, cuando la autopartista Plascar dejó en Córdoba a 243 trabajadores sin nada. “Fuimos despedidos todos, sin indemnización, ni nada, y la situación que vivimos hace un año y siete meses es desesperante. Desde entonces son muy pocos los trabajadores que consiguieron otro empleo. El resto hace changas”.
Según los análisis del Cetyd, el empleo informal fue un refugio para los que perdieron su empleo registrado o para quienes se incorporaron al mercado con el objetivo de complementar los ingresos familiares. Y quienes ocupan estos puestos precarios son los más vulnerables.
Marta, junto a otras compañeras despedidas, trabajaba en la sección de armado de piezas chicas para el interior de autos marca Renault, ahora a los 50 años, no consigue trabajo: “Me di con una vida que no conocía, yo laburaba entre nueve y doce horas, salía, iba a casa a descansar, hacer mis cosas, dormía y volvía a trabajar. Hoy me encuentro en la vereda de enfrente, donde mi familia me sostiene económicamente, es una realidad terrible”.
A la fecha hay 105 trabajadores de Plascar que constituyeron una cooperativa para recuperar la empresa. Tras un litigio en la Justicia lograron conservar el espacio y las máquinas para trabajar, tienen todo pero lo único que les falta, es luz. Ninguno de los legisladores, ni políticos con cargos públicos que se comprometieron en todos estos meses lograron destrabar ese obstáculo de deuda que dejaron los antiguos dueños, y que en este momento les consume la vida y la esperanza a 105 familias, que se turnan para ir a cuidar el lugar para que nadie les robe nada.
“Nunca me pasó esto, que el dueño de la empresa cierre las puertas y te deje en la calle; cuando sucede no sabés dónde estás parada, te pisotean la dignidad”, dice Marta.
“Quienes plantean la flexibilización laboral como una salida irremediable -frente a la deuda, la inflación o a la incorporación de nuevas tecnologías- están tendiendo una trampa. Reducir los derechos laborales es una decisión que lo único que hace es perjudicar a los trabajadores y aumentar las desigualdades”, explica el director del Cetyd y destaca que por el contrario “la mejor manera de afrontar la dramática situación económica” es fortaleciendo los “derechos y las instituciones laborales”.
Para Tomada, una parte del desafío a futuro tendrá que ver con “reconstruir todo lo que se está destruyendo”, empezando por el propio Ministerio de Trabajo. “Pero la tarea no tiene que restringirse a una mera restauración”, puntualiza y destaca la importancia de una agenda para combatir la precarización tiene que incluir políticas que disminuyan las desigualdades de género en el mercado laboral; que se reduzca la informalidad; que se incorporen a los trabajadores de la economía popular a los circuitos de la economía formal; y que se regulen las nuevas formas de trabajo como el empleo en plataformas. “La generación de empleo de calidad es lo que constituye al trabajo como el gran organizador social”, cierra el ex funcionario.
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