La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la inmediata detención de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, en el marco de la causa por deuda ante la AFIP.
Es por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, en Santa Cruz. La ex presidenta había solicitado al magistrado que la envíe a juicio oral y público por este caso.
El pedido había sido realizado por las defensas de los dos acusados de integrar una banda narcocriminal que intentó traficar cerca de 400 kilos de cocaína en valijas diplomáticas.
La ex fiscal sostuvo que está en duda la imparcialidad del juez, a raíz de una serie de afirmaciones en el fallo que determinó el procesamiento del informático Diego Lagomarsino.
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó elevar la causa contra el ex funcionario kirchnerista, procesado por "haber perturbado el orden de la Asamblea de Accionistas" de la empresa mediante "amenazas".
Lo decidió el juez Julián Ercolini, que procesó con prisión preventiva a López y De Sousa por "defraduación al Estado". Además, fue inculpado el ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray.
Las entidades sindicales sostienen que la morigeración de la alícuota dispuesta por el Tribunal, en favor de un jubilado, constituye un "mensaje claro" para el Ejecutivo.
La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, quien imputó a la mujer por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa.
“La fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades”, indicó el abogado de la familia y apuntó contra la dueña del Ford Ka en el que Barrelier trasladó el cuerpo de la adolescente.
Bajo la consigna "El Estado es responsable", una gran convocatoria en el 11° aniversario de Ni Una Menos, se hizo sentir con fuerza en las calles de Córdoba. Junto al reclamo por Agostina, también se exigió la aparición con vida de Delicia Mamani.